LA GEOPOLÍTICA DE LA VIOLENCIA
El capital, en su fase de expansión neoliberal, exige una readecuación o reordenamiento de los espacios territoriales de valor estratégico en América Latina.
Investigaciones realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Minercol (SINTRAMINERCOL) y la organización defensora de derechos humanos, NOMADESC, demuestran que más del 80% de todas las violaciones de derechos humanos ocurren en los municipios mineros y petroleros.
El siguiente mapa, producto de las investigaciones, demuestra una clara correclación entre 1) yacimientos mineros, 2) incursiones paramilitares, 3) masacres y 4) desplazamientos.
Los dos (2) mapas a continuación demuestran la correlación entre la red petrolera del país y la presencia militar estadounidense, producto del Plan Colombia.
El Plan Colombia, el programa contrainsurgente (inicialmente camuflado como programa antinarcóticos) de ayuda militar estadounidense que inició en el 2000 con la administración Clinton, se ha estado implementando tanto en aquellas regiones de explotación petrolera como también en aquellas zonas proyectadas para los macro-proyectos de "desarrollo alternativo" (ver Mapas 4 y 5) al cultivo de la coca y la amapola. Casualmente, éstas regiones están ubicados en aquellas regiones donde más se ha dado el desplazamiento de campesinos, indígenas y afrocolombianos (ver Mapa 6).
Los macropoyectos de transporte vial y fluvial obedecen no a la necesidad de encontrar alternativas viables para el narco-cultivo y el rescate de la economía campesina , sino la necesidad de construir la infraestructura que require el proceso de expansión capitalista mediante los acuerdos de libre comercio, como el ALCA. Tanto los mapas anteriores como también la propia historia de Colombia (Ver Relatifundización, Megaproyectos, Violencia y Campesinos en Colombia por Héctor Mondragón) demuestran como el resultado final de dichos proyectos no serán las alternativas productivas viables para el campesinado que le permita permanecer en sus territorios, sino más desplazamiento.
Las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC) forman parte del programa de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uríbe Vélez e implican el remplazo de la autoridad civil por la militar en regiones donde se considerada que el "problema de orden público" es especialmente grave.
Casualmente, las dos (2) ZRC existentes abarcan los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar, zonas donde se encuentran significativos depósitos mineros, petroleros y que coinciden con el trayecto del oleoducto más importante del país, Caño-Limón Coveñas.
Es claro que la implenetación de la política de guerra total (la esencia del programa de Seguridad Democrática), y el consecuente aumento de la violencia política en ciertas regiones de Colombia, como es el caso de Arauca (vease el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de Arauca 2002) obedece :
1) A la importancia estratégica de las regiones en cuestión;
2) La implementación a ultranza del modelo neoliberal; y,
3) La readecuación económica, política y social de dichos territorios para la entrada en vigor del acuerdo de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La Seguridad Democrática, que no es más que la militarización del modelo neoliberal en Colombia, recusita la doctrina de seguridad nacional, indentificando como el "enemigo interno" a todo aquel que se opone al proceso de recolonización de los territorios estratégicos. Este modelo no sólo refuerza la guerra contrainsurgente sino también considera objetivo al movimiento social y popular no-armado mediante la guerra sucia y la criminalización de la protesta y la movilización social.