Cuando los helicópteros sobrevolaron la casa era cerca de la media noche del 21 de febrero de 2003. La familia que se encontraba en su interior, asustada por la fuerza del viento que despedían las hélices y por el ensordecedor ruido, se acurrucó en un rincón a esperar que todo terminara. El amanecer los encontró en medio del caos y la muerte. Los helicópteros rondaron durante la noche y la madrugada. Hacia las 4 de la mañana, dispararon contra "Gabino" el comandante máximo del ELN quien, según equivocadas informaciones de inteligencia, se encontraba en el lugar.

Una niña de seis años resultó asesinada, su hermano de nueve quedó gravemente herido y las esquirlas de algunas granadas hirieron a la madre de ambos. Su esposo estaba lejos de allí. Como era el presidente de la Asociación de Juntas de Bobalí en El Carmen (Norte de Santander), se encontraba en la zona rural de Convención atendiendo una delegación mixta -entes gubernamentales, agencias internacionales y ONG- que evaluaba las condiciones de seguridad y la situación socioeconómica de la zona La Trinidad-La Libertad, para organizar el retorno de alguna población desplazada de Cúcuta y Ocaña.

Este líder de más de veinte años de trabajo comunitario, fue señalado por el General Velasco, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, de ser miliciano del ELN, para justificar el bombardeo a la casa y lamentar posteriormente su trágica equivocación. Este campesino, además de no poder enterrar a su hija y cuidar a su familia, es prófugo hoy en razón a las falsas sindicaciones de que es objeto por parte de un alto oficial.

La crisis humanitaria

El esquema de zonificación del gobierno de Uribe estableció unos territorios como zonas de rehabilitación y consolidación (parte de Arauca y los Montes de María); otros son los llamados "laboratorios de paz", iniciativas que cuentan con alguna financiación de la Unión Europea (Magdalena Medio y el Macizo Colombiano) y finalmente las zonas de especial atención como el nordeste antioqueño, bajo Atrato, Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca y Catatumbo.

El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país. La fuerza pública, sin embargo, no es considerada allí como garante de la seguridad democrática de los pobladores. Más bien, parece ser el sustento estratégico del posicionamiento paramilitar en los cascos urbanos, reflejado, por ejemplo en los bloqueos de las vías que conectan estas cabeceras con los centros de producción agrícola de múltiples veredas.

Desde esta perspectiva sería posible explicar que desde junio de 2002, los paramilitares controlan el movimiento comercial de remesas y cosechas de la zona de La Cadena, en plena cabecera municipal de Convención, ubicada en las proximidades de las sedes de la Policía y del Batallón Santander. Así mismo, desde 1999 hasta el día de hoy, en el sitio Campo Dos a pocos kilómetros de Tibú, opera un retén paramilitar que ha permanecido impune.

Finalmente, el control impuesto por los paramilitares a la población de la cabecera del El Tarra (Norte de Santander) basado en el crimen selectivo y la tortura, convirtió a lo que antes fuera un activo municipio en un pueblo fantasma de donde salieron en 2002, más de cinco mil personas, entre ellas el Alcalde y los concejales, quienes deben sesionar en Bogotá.

Durante 2002, los militares empadronaron a todas las personas en Teorama sin tener autorización legal para hacerlo. También la cabecera municipal de San Calixto (Norte de Santander) es objeto de un control permanente. No obstante, los grupos paramilitares se desplazan sin encontrar alguna resistencia y encuentran las condiciones propicias para ubicar retenes a pocos kilómetros de los lugares donde la fuerza pública está acantonada. ¿Cómo explicar que se produzcan desapariciones de líderes y campesinos sin que pase nada? Por eso los líderes de estos municipios se han escondido, evitan salir hacia Ocaña y sus procesos organizativos siguen soportando, como una tenaza, los señalamientos de ser auxiliadores de la subversión, traducidos progresivamente en procesos judiciales.

Durante marzo y abril de 2003, se produjeron nuevas incursiones paramilitares en las veredas Los Cedros y Santa Catalina, jurisdicción de El Tarra que limita con San Calixto. Estos hechos eran inminentes: se había anunciado y denunciado con suficiente antelación. Más de mil personas se desplazaron. No obstante, la población campesina prefirió huir con sus niñas y niños, ancianas y ancianos, hacia las montañas, a costa de grandes sufrimientos, antes que hacerlo hacia las cabeceras municipales de Convención y Ocaña.

Entre el 5 y el 9 de mayo de 2003, la ayuda humanitaria pudo llegarle a esas familias desplazadas en los barrancos, después de vencer múltiples obstáculos. Resulta muy significativo que los camiones con comida hayan sido requisados, en pleno casco urbano y con la mayor tranquilidad, cuando pasaban por la zona comercial La Cadena en Convención y, posteriormente, en dos retenes guerrilleros uno del ELN y otro del EPL) cuando se dirigían a El Tarra. ¿Cómo explicarlo si el Ejército conocía del ingreso de la misión humanitaria a la zona?

Intereses en disputa

El Catatumbo es, pues, una región en intensa disputa. Los bloqueos alimenticios que ya duran un año, también dan cuenta de la intensidad. Uno de esos bloqueos se presenta en la región del Bobalí donde hay presencia viva de las Fuerzas Militares: están la Fuerza Aérea y un Bloque Móvil Energético Vial del Ejército, que cuida el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Allí también están los grupos guerrilleros que hacen presencia desde años atrás.

Los intereses son múltiples y parecen de mucho valor. Varias empresas canadienses, norteamericanas e inglesas tienen trabajos de producción y explotación de pozos petroleros. Han sido identificadas reservas petrolíferas respecto a las cuales se ciernen planes de exploración y sísmicos en varios sitios, a pesar de y en medio de la guerra. Los yacimientos carboníferos en el pie de monte entre la cordillera y la parte baja de La Gabarra, Tibú y el río Zulia (Norte de Santander) seguramente se convertirán en otros trofeos de guerra, al igual que las grandes reservas de gas en medio de la nada.

Otro gran coto de caza de los grupos enfrentados son las 20 mil hectáreas de coca que ocupan gran parte del municipio de Tibú, especialmente en el corregimiento La Gabarra, que desde las masacres cometidas por los paramilitares, en 1999, son control total de las AUC. Los recursos obtenidos con la producción de coca se han traducido en inversiones para la guerra en la región y en otras zonas del país. Resulta sospechoso, por ejemplo, que no se haya fumigado allí con la misma contundencia que en Putumayo. Así mismo, los enfrentamientos entre las FARC y la AUC en varios lugares de esta basta zona ponen en evidencia la dimensión de los recursos ilegales en juego.

Finalmente, salta a la vista el interés de algunos actores por trasladar el conflicto colombiano al vecino país de Venezuela como parte de una política de regionalización de la guerra. No resulta difícil explicar el ingreso que tres grupos paramilitares hicieron a territorio venezolano, en abril de 2003, persiguiendo, asesinando y destruyendo los asentamientos de refugiados ubicados en la zona de Río de Oro (frontera). La incursión se encontró con reacción de la Fuerza Aérea Venezolana, que decidió bombardear a los paramilitares.

Estas y otras acciones marcan el curso de la guerra en el Catatumbo. Bien como zona especial, ya como "laboratorio de paz", lamentablemente la población civil seguirá desprotegida. La seguridad democrática continuará siendo una metáfora irónica y cruel.