Dictadura de AUV muestran la tendencia hacia el
unanimismo, el autoritarismo y el despotismo
COLOMBIA ANÁLISIS AL
FUTURO
ESCENARIOS Y TENDENCIAS *
Diego
Pérez G.
INTRODUCCIÓN
La apuesta por la
construcción de un modelo de Estado autoritario
El
análisis de lo que será Colombia en el mediano plazo, debe tener en cuenta que
Álvaro Uribe Vélez ha venido construyendo su proyecto de Estado desde hace
varios años, amasándolo además, al calor de los escenarios internacionales de
globalización, lucha contra el terrorismo fortalecimiento de megaproyectos,
puesta en marcha de ALCAs, etc. Es decir, estamos asistiendo no sólo al
rutinario cambio de gobierno sino al inicio de un proceso en el cual el
establecimiento colombiano se juega la consolidación de un modelo de país
“viable” para el concierto internacional.
En cien días de gobierno
ha quedado claro que el unanimismo logrado en torno al liderazgo de Uribe
Vélez, y especialmente frente a las tesis de recuperación del orden público y
la seguridad democrática, permiten generar un ambiente autoritario en su
gestión y allanan el camino para la imposición, más que para la concertación,
de su modelo.
Si
bien es cierto que amplios sectores de la sociedad reclamaban el
fortalecimiento y presencia del Estado, así como la recuperación del monopolio
legítimo de las armas por parte del mismo, esto no debería llevar a que la
sociedad legitime y participe en la construcción de un Estado autoritario y
políticamente excluyente.
Las
encuestas dicen que al cumplir los cien días de gobierno, Uribe alcanza el 75%
de imagen favorable y que incluso un 71% de los encuestados están de acuerdo
con la restricción de ciertas libertades y derechos y un 84% comparte la
creación de la red de informantes.
No
resulta tan extraño, en la medida en que los formadores de opinión, es decir,
los medios masivos de comunicación tomaron partido por un solo bando de la
guerra y están cumpliendo a cabalidad su tarea de informar parcialmente, cuando
más, desinformar y tergiversar como constante.
Algunos
medios dicen que la “gente” está contenta porque hay Presidente, porque en
materia de guerra, él está dando directamente las órdenes y los nombres de los
guerrilleros que hay que capturar o dar de baja, porque a través de los
consejos comunitarios saluda de mano, uno a uno de los participantes y hasta
recuerda su nombre, porque es un líder, en fin, esa gente olvidó rápidamente,
entre muchas cosas, que en el período anterior no tuvimos Presidente y como lo
grafica un reciente chiste popular pasamos del “inútil al intenso”.
Sería
mucho más satisfactorio ver al Presidente ordenando investigaciones por los
atropellos cometidos por la fuerza pública contra ciudadanos comunes y
corrientes señalados como “supuestos” guerrilleros y terroristas, o señalando por
su nombre a los paramilitares que las autoridades deberían capturar, o
priorizando los problemas reales y estructurales del país y no sólo los
detalles y minuciosidades, o respetando las autoridades locales y regionales
sin avasallar los procesos y las comunidades o recuperando el territorio pero
sin desplazar a los campesinos y pobladores.
En
la apuesta de ganar legitimidad para su modelo e involucrar a la población
civil en sus estrategias, el Presidente ha dedicado cien días a propinar
“golpes psicológicos” a la población a través de virtudes como el liderazgo
personal, la austeridad, el trabajo. Sembrar la sensación de que vamos ganando
la guerra, a través de caravanas como “vive Colombia, viaja por ella” o que se
están renovando las costumbres políticas porque se ampliará el período de los
alcaldes y gobernadores y está en marcha un referendo y generar confianza en la
reactivación de la inversión privadas una vez se recupere el orden público.
Como podrá observarse adelante, uno de los peligros
de esta apuesta lo correrán las expresiones del movimiento social democrático,
que se niegan a hacer parte de la euforia guerrerista y que mantengan en alto
consignas como la solución política y negociada y el respeto por la autonomía
de la sociedad civil. Los allanamientos a la sede de la Asamblea de la Sociedad
Civil por la Paz y de otras organizaciones de derechos humanos y sociales, del
ámbito regional y nacional, son la mayor evidencia.
Desde
la campaña electoral Álvaro Uribe Vélez, entregó a la opinión pública un
manifiesto denominado “los cien puntos
del programa de gobierno”. Estos puntos son el derrotero de la administración
de Uribe Vélez y el Departamento Nacional de Planeación los ha retomado para
elaborar las pautas del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio.
De
alguna forma, los escenarios para la recuperación económica del país, la
aplicación de la seguridad democrática y la implantación de la reforma política
no son compartimentos sino partes de todo un “sistema de representación de intereses
en el cual las unidades constitutivas se organizan en un número limitado de
categorías únicas, obligatorias, organizadas de manera jerárquica y diferencias
a efectos funcionales, reconocidas, autorizadas y/o creadas por el estado”,
según Schmitter, 1974. En otras palabras, configuran el enfoque
Neo-corporativista del Estado, consistente en la construcción y existencia de
relaciones privilegiadas o exclusivas entre un número relativamente reducido de
grupos o gremios y el Estado.
De
esta manera entendemos los desfases que se observan entre algunos de los
postulados axiológicos de Uribe en los temas centrales de su política de Estado
y las fórmulas concretas de aplicación. Por ejemplo, anunciar la opción por un
Estado Comunitario cuando en realidad lo que se busca es el fortalecimiento del
Estado neoliberal, en el que la ciudadanía y sus formas de participación y
organización se supeditan a la jerarquización de los intereses de los grupos
minoritarios, como ya ha sido señalado.
MODELO DE ESTADO DE URIBE VÉLEZ
Al momento del empalme entre la administración de
Pastrana y Uribe los analistas económicos expresaron que la economía colombiana
estaba en cuidados intensivos. Desde 1999 el promedio de crecimiento no ha
pasado del 0.5% anual; el ingreso actual, por habitante, es equivalente al que
tenían los colombianos en 1992, el desempleo llega al 18% (el más alto de
América Latina), dos terceras partes de la población se encuentran en la
pobreza y el 23% vive en condiciones de miseria; las finanzas públicas muestran
un saldo en rojo equivalente al 6% del producto interno bruto y en consecuencia
la deuda del sector público ha pasado del 27% en 1996 al 57% en el 2001.
A pesar de este panorama,
el presidente Uribe se comprometió con el aumento de la inversión social,
fortalecimiento del gasto en seguridad y la reactivación de la economía.
·
El objetivo es recuperar la confianza inversionista
en Colombia, asegurando el control del orden público y buen manejo
macroeconómico; priorización y especialización en sectores estratégicos claves
por su importancia en el mercado internacional y por la capacidad del país de
desarrollarlos con una política industrial que lleve a la reconversión
productiva y al apoyo a sectores nuevos y tecnológicamente avanzados.
·
Inteligencia de mercados a través de una
investigación y seguimiento permanente adelantada por el Estado con las
Universidades y Centro de Investigación, con miras a detectar aquellas ramas de
la producción que mayor dinamismo muestran en el mercado nacional e
internacional.
·
Enfoque regional y no sólo sectorial, que sea eje de
un nuevo modelo de desarrollo. Modelo en el que se aprovechen las ventajas
comparativas de cada región y de acuerdo a sus potencialidades, sus fortalezas
y debilidades se desarrollen ventajas competitivas respetando su vocación e
identidad.
·
Elevación sustancial de la productividad y
competitividad de la economía en términos globales y específicamente en los
sectores productivos, con énfasis en el sector industria, manufacturero y en el
sector agroindustrial. Tal elevación supone la creación de un marco jurídico y
macroeconómico estable y favorable que reduzcan al mínimo posible los costos de
transacción.
·
Ampliación y desarrollo, a todo lo largo y ancho del
país, de las nuevas formas modernas de organización productiva que ya han
comenzado a establecerse, como son los clusters y cadenas productivas
promisorias, integrándolas al aparato productivo global.
·
En el campo del crecimiento económico, la meta es
lograr una tasa de crecimiento sostenido por encima del 5%. Para ello se debe
asegurar un desarrollo amplio de capital social, hacer un manejo tributario que
no frene la iniciativa empresarial ni distorsione el ámbito de los mercados,
promover un ritmo acelerado y permanente de ahorro privado.
El economista Luis Jorge Garay, al hacer el balance de los primeros cien
días en el componente económico y la estrategia de ajuste, resalta la ausencia
de una estrategia concertada entre diferentes grupos de la sociedad para la
búsqueda de un ajuste fiscal estable y duradero y algunos “tumbos” que la
estrategia gubernamental ha dado en la materia:
“Con relación a la reforma tributaria, por ejemplo, en un comienzo se
argumentó la necesidad de recaudar un monto de recursos cercano a los cuatro
billones de pesos, que fue rebajado muy rápidamente a 1,5 billones para la
próxima vigencia y nuevamente elevado hace pocos días con el argumento de que
era necesario garantizar los recursos requeridos a lo largo del cuatrienio,
hasta alcanzar cerca de cinco billones en 2006”.
Además, el enfoque tributario ha oscilado entre avanzar drásticamente en
el desmonte de exenciones y privilegios, y otras alternativas como ampliar la
base del IVA, incluyendo los servicios públicos y bienes de la canasta con
tarifas diferenciales; elevar, al menos temporalmente, la tasa nominal del
impuesto a la renta, y mantener por unos años el impuesto sobre el patrimonio, para
no citar sino unos ejemplos. Se nota la ausencia de una posición clara sobre la
conveniencia, si no necesidad, de corregir problemas esenciales de la
estructura de la tributación (como prebendas injustificadas a favor de
algunos), en aras de la equidad, el progreso y la eficiencia del sistema
tributario, no obstante el ambiente que se había venido creando con las
recomendaciones de la Misión de Ingresos y de trabajos de la Contraloría
General de la República, entre otros.
El análisis de Garay concluye que “una de las razones para modificaciones
tan drásticas reside en los cambios en la estrategia gubernamental. Justo antes
de entregar el primer proyecto de reforma tributaria, se tomó la decisión de
darle mayor énfasis al recorte del gasto público, especialmente a la
congelación transitoria de gastos salariales, al punto de que el punto se
incluyó en la temática del referendo con la convicción de que se lograrían
ahorros sustanciales en el corto plazo. Infortunadamente, la composición del
empleo público (en especial del Gobierno central que tiene un 80% del personal
en los sectores de defensa y justicia, un 60% en personal operativo y cerca de
un 16% entre profesional y ejecutivo) hace que este tipo de medidas no tenga un
impacto fiscal significativo ni duradero para aliviar la dinámica del déficit
en un mediano plazo. Aquí reside una de las razones que explican por qué dentro
de un ajuste de las finanzas públicas, los recientes anuncios sobre la política
de reforma del Estado se concentran ahora más en la reestructuración de
entidades nacionales, regionales y locales, y menos en el mero ahorro fiscal de
recortes de personal”.
Los analistas económicos
han coincidido en que la estrategia económica es la que más lunares presenta al
cabo de cien días de gestión. En la primera semana de gobierno, al amparo del
estado de conmoción se decretó el impuesto al patrimonio con el fin de
recolectar 2 billones de pesos para la estrategia de seguridad. A continuación
el gobierno dio a conocer el paquete completo de del apretón económico: la
reforma tributaria, más años de trabajo para la jubilación, menores pensiones y
congelación de salarios, aplicación del IVA a más productos de primera
necesidad y una sobre tasa temporal del 10% al impuesto a la renta.
El crecimiento del país
llegará apenas al 1.7% este año, mientras el desempleo acaba de superar el 17%.
El ajuste fiscal propuesto por el gobierno del 1.9% del PIB es todavía
insuficiente lo que hace que la economía siga muy vulnerable a mediano plazo,
como ya se señaló, el ajuste está desequilibrado, le da mucho peso al aumento
en los tributos y muy poco al recorte en el gasto público. El principal logro,
en opinión de los gremios económicos, fue haber alcanzado el compromiso de los
organismos multilaterales para financiar, por unos 3 billones de dólares, los
requerimientos externos para el año entrante.
En
lo referente al Estado Comunitario, los puntos programáticos del
gobierno aluden a que:
·
El modelo de Estado se construirá a partir de “la
participación comunitaria en la definición de tareas públicas y planeación;
ejecución de recursos públicos; y, supervisión y vigilancia de la gestión
estatal” (punto 5). No se trata de plantear tan sólo un conjunto de
postulados axiológicos positivistas, los propósitos deberían apuntar a sentar
las bases ciudadanas para planear el bienestar para todos a largo plazo.
·
La justicia social se construirá a partir de la
puesta en marcha de siete herramientas: revolución educativa, ampliación y
mejoramiento de la seguridad social; impulso a la economía solidaria; manejo
social del campo, manejo social de los servicios públicos, desarrollo de la
pequeña empresa y calidad de vida urbana (punto 45)
·
Financiamiento de pequeña empresa, créditos
asociativos y préstamos a través de fundaciones. (propuesta de organización en
cooperativas a 82 mil madres comunitarias para atender a un millón
cuatrocientos mil niños).
·
“El municipio es el primer encuentro del ciudadano
con el Estado”. Si bien es importante que en el programa de gobierno aparece el
tema de la descentralización y la opción por el fortalecimiento de las
autonomías regionales llama la atención (incluso despista) lo preocupante es
que se ponga en función de las estrategias de seguridad y de los enfoques del
llamado “Estado Comunitario”. Más aún, en los primeros días del gobierno y a
través de los llamados “comités municipales de gobierno”, con la presencia y
coordinación del Presidente, lo que ha sucedido, en la práctica, es el
desconocimiento de las propuestas
regionales y de los planes de desarrollo municipal y departamental, que en
muchos casos fueron elaborados con la participación ciudadana y consultando las
necesidades reales de las comunidades.
Cien
días de consejos comunitarios de gobierno
Definitivamente,
Uribe tiene experiencia en estrategias para legitimar formas autoritarias de
ejercicio del poder. Una de ellas es la mezcla de autoritarismo con populismo
en la que quede la sensación de que al Presidente le interesa y le duele la
gente, como lo describe Hernando Gómez Buendía: “son virtudes de finquero”.
La estrategia del presidente Uribe de escuchar de
viva voz, con sus Ministros, los problemas del país a través de consejos
comunitarios, en los que participan campesinos, empresarios, funcionarios
públicos, tenderos y otros representantes de la sociedad, ha cautivado a una
buena audiencia de Señal Colombia los sábados y domingos. En tres meses de
gobierno han asistido 4.000 personas, que han podido hablarle de frente al
Presidente de Colombia. Ese estilo del primer mandatario no es nuevo. Viene
desde la época en que fue gobernador, cuando realizó estos consejos en los 126
municipios de Antioquia. Con el de Santa Marta, ya son 10 los que se han
organizado en el país: Pasto, Riohacha, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga,
Pereira, Barranquilla, San José del Guaviare y el de San Andrés.
Hay quienes dicen que los consejos fueron diseñados para que el gobierno
participe con el pueblo sobre las necesidades de sus departamentos. Pero veamos
cómo es que se da esa llamada participación: El moderador siempre es el
presidente Uribe. El gobernador y el alcalde tienen una hora para sus
respectivas intervenciones y han sido advertidos de que no pueden hacer
discursos retóricos sino conferencias basadas en cifras exactas y demostrables.
Por ejemplo, carencia de cupos educativos y bibliotecas, número de kilómetros
de carreteras por pavimentar, cubrimiento del Sisbén o pago a los pensionados.
Los otros funcionarios departamentales y municipales (concejales, diputados)
tienen 15 minutos para exponer sus puntos y todos los demás que quieran
intervenir y plantear sus quejas (quiere decir, la gente, el pueblo, la
población) tiene máximo dos minutos para hacerlo. Como es de esperarse, este
escenario se ha convertido en una avalancha incontenible de denuncias y reclamos
frente a los incumplimientos del Estado y el desgreño de los funcionarios
públicos.
En estos espacios, el
Presidente se concentra en los detalles, dicta órdenes al por menor, regaña a
las autoridades locales y a ciudadanos cuando hacen planteamientos que no le
agradan, le da órdenes directas a un sargento de policía, decide inversiones al
calor de una visita, establece la red de informantes... y, después de las
preguntas de los participantes, su respuesta está claramente dirigida a imponer
sus estrategias y decisiones predeterminadas:
“alguien
en el recinto informó que en Soledad, la segunda ciudad más importante del
Atlántico, existe sólo una escuela primaria. De inmediato Uribe preguntó:
"¿Y cuánto les vale aquí, la Contraloría?". Alguien contestó:
"1.900 millones de pesos al año, Presidente". "Pues ahorren esa
plata y se la llevan para educación", dijo, y de inmediato se escucharon
los aplausos”.
Si bien es importante el
acercamiento de un gabinete eminentemente tecnocrático y con una visión macro
de la política, con el país micro y con las necesidades estructurales, sin
embargo estos consejos dejan algunas preocupaciones:
-
Quitarle dientes a la democracia: así, estos consejos se saltan los
conductos regulares que tiene la democracia para resolver los problemas de la
comunidad, como lo son los alcaldes, las asambleas departamentales, los
concejos municipales, las fuerzas vivas de la comunidad. En varios de estos
consejos se ha dejado el mensaje de que si no está el Presidente la democracia
no funciona. Y esto en el mediano plazo apunta a la desinstitucionalización de la toma de decisiones públicas para
concentrarlas cada vez más en la figura del Presidente.
-
Fortalecer un sistema Presidencialista, en donde el
equipo de gobierno cumple órdenes y desempeña tareas, pero no tiene iniciativa.
El Presidente aparece como el interlocutor válido y efectivo de todas las demás
instancias y personas del Estado y la sociedad.
-
Aplicar un modelo de microgestión: aunque se quiere dar la sensación de
un interés por la región, no se respeta ni se incluyen las propuestas y planes
alternativos de desarrollo regional y los procesos de construcción social de
las regiones que desde hace tiempo e vienen adelantando. Se impone la
estrategia de microgestión, de respuestas a problemas coyunturales y
desconocimiento de la particularidad cultural, identidad, vocación productiva y
procesos sociales de las regiones.
Un
tema a destacar en los consejos comunitarios además de la seguridad
democrática, es el de la “Revolución Educativa” como estrategia privilegiada
del Presidente para la consolidación de la confianza y la paz. El Ministerio de
Educación actúa en un sector descentralizado, en el cual las entidades
territoriales resultan cruciales. Las metas de la ampliación de cobertura son
ambiciosas: 1’500.000 cupos en educación básica y media, y 400.000 en la
superior. La ministra Cecilia María Vélez viene insistiendo en la posibilidad
de generar muchos de los cupos propuestos con una mejor utilización de la
actual capacidad instalada. En consecuencia, se expidieron decretos que han
hecho posible que los departamentos con calendario B (Valle y Nariño) logren
generar 80.000 nuevos cupos en sus matrículas de septiembre. Para la ampliación
de la cobertura en la educación superior, ya se anunció la negociación con el
Banco Mundial de importantes recursos que se empezarán a desembolsar en febrero
de 2003.
“Política
de defensa y seguridad democrática” se denomina el documento que plasma los
escenarios y estrategias del gobierno en este campo. Los objetivos planteados
son: control del territorio por la fuerza pública allí donde el Estado lo había
perdido o nunca lo había tenido; articulación de los distintos organismos del
Estado que tiene que ver con el tema de la seguridad y el orden público;
obtener la colaboración y participación ciudadana y la erradicación total de
los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas.
Estos
propósitos guardan total coincidencia con los planteados por los Estados
Unidos, veamos:
Después de la ruptura de los
diálogos entre las FARC y el gobierno de Pastrana un informe sobre
Colombia, del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, sugirió que
Colombia necesitaba un plan nacional de guerra; un liderazgo político para la
guerra a través del Presidente de la Republica; un mayor esfuerzo coordinado de
todas las ramas de la fuerza publica; un marco legal apropiado con leyes de
emergencia y más fondos económicos.
El mismo documento planteaba que el Ejército
colombiano estaba solo y carecía de los medios necesarios para derrotar a la
guerrilla.
Recomendaba, como única salida, la creación de
“fuerzas locales de civiles armados” que pudieran asegurar el territorio una
vez el Ejército tenga que desplazarse a nuevas zonas. “Ninguna guerra contrainsurgente
se puede ganar de otra forma”, afirma el documento.
Fortalecer la fuerza pública y recuperar el orden público
Sin duda alguna, ésta es
la prioridad para Uribe Vélez: “El Presidente será el primer
soldado de la nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos
los colombianos”. Alfredo Rangel, experto en los temas de seguridad y conflicto, señala que
mostrar resultados en este frente es “una carrera contra el tiempo porque la
guerrilla estaría interesadas en deteriorar de manera catastrófica la situación
y quebrantar la voluntad del gobierno de doblegar a los violentos”.
El fortalecimiento de la
fuerza pública se propone por lo menos en tres campos: el presupuestal, el
institucional y el aumento del pie de fuerza.
En el presupuestal, se
necesita pasar del 2,5% del PIB en
gastos de defensa al 4,0%, con un impuesto de guerra de todos los ciudadanos y
un esfuerzo tributario de la clase económica y dirigente del país, además de la
ayuda de Estados Unidos.
En el campo institucional,
por un lado se requiere mejorar, sustantivamente, la profesionalización del pie
de fuerza en tecnología e inteligencia y mostrar resultados contundentes. Por
otro lado, Uribe busca crear unas relaciones distintas de la Fuerza Pública con
la población, que le permita legitimarse y de paso involucrar a la población
civil en las tareas de la guerra. Las campañas cívico-militares constituyen un
importante instrumento para el logro de este objetivo.
Respecto
al aumento del pie de fuerza y el involucramiento de la población civil, los
puntos 38 y 39 del mencionado manifiesto programático del Presidente, así como
las medidas ya implementadas, señalan: la conformación de una red de
informantes, compuesta por un millón de ciudadanos; un contingente de 25.000
“soldados campesinos”; formación de frentes locales de seguridad en los barrios
y el comercio, de redes de vigilantes en carreteras y campos, todos coordinados
por la fuerza pública. Existe un plan de concertación con transportadores y
taxistas para vincularlos a la seguridad de calles y carreteras. Cada carretera
tendrá un coronel del ejército o de la policía responsable de la seguridad. El
lunes será el “día de la recompensa” que pagará el gobierno a los ciudadanos
que en la semana anterior hayan ayudado a la fuerza pública a evitar un acto
terrorista y capturar al responsable.
Desde el mes de junio
pasado se aplazó el licenciamiento de los contingentes de soldados regulares,
lo que le permite al ejército disponer de 10.000 soldados efectivos adicionales
que serán destinados a la protección del sector energético y vial. El gobierno
dispuso la activación de dos brigadas móviles cada año (ocho al terminar esta
administración), que tendrán en sus filas 2.600 soldados profesionales.45.000
nuevos soldados profesionales. A la policía se integrarán 100.000 nuevos
agentes y 10.000 carabineros que serán distribuidos en más de 200 municipios
del país donde no hay presencia policial. El objetivo final es conformar una
fuerza pública de 400.000 agentes
Uribe perfila el
escenario de mediano plazo, al señalar, en el mencionado documento de
seguridad, que el gobierno seguirá afinando las herramientas políticas,
jurídicas y técnicas necesarias para desarrollar, a partir de junio del próximo
año, el “plan de choque 2003” consistente en una “ofensiva sistemática contra
los grupos armados ilegales y el narcotráfico”. En el marco de esas estrategias
se plantea la captura o muerte de los principales jefes guerrilleros en un
término de dos años y la destrucción total de los cultivos ilícitos en 48
meses.
El pasado 8 de octubre en Washington, mientras Colombia gestionaba el
acuerdo que podría abrir la inteligencia técnica de los satélites de rastreo
estadounidense a la lucha contrainsurgente y anti-paramilitar, la Casa Blanca
tuvo la primera copia la estrategia marco de seguridad del gobierno de
Álvaro Uribe. La ministra de Defensa,
Martha Lucía Ramírez, entregó el informe de 30 páginas. 'Política de
Defensa y Seguridad Democrática' circuló las últimas semanas entre 14
intelectuales y fue expuesto a 86 congresistas citados por la Ministra Ramírez
al Hotel Tequendama.
Algunos de los que conocieron el texto oficial, piensan que el documento
esboza acciones genéricas y macro, sobre todo, en materia de inversión social y
plantea como máxima prioridad garantizar la presencia permanente del Estado en
regiones tradicionalmente abandonadas y bajo la influencia de grupos armados.
La estrategia parece tan obvia y el documento es en sí mismo tan global que los
senadores estadounidenses demócratas Sam Farr, Bill Delahunt, Paul Wellstone, y
Patrick Leahy de Vermont y más de un crítico en Colombia han considerado la
Política como un conjunto de medidas inapropiadas y excesivamente vagas.
Estas son
algunas de las críticas:
ü Vacíos de la inteligencia
Los autores del análisis coinciden en que los organismos de seguridad del
Estado: Dijín, Sijín, DAS, B-2 e inteligencia de la Armada, entre otros, han
destinado esfuerzos importantes a hacerse inteligencia entre sí y a ocultarse
mutuamente información crítica. "La revisión que hemos realizado durante
seis meses muestra que hay grupos dedicados a espiar ilegalmente a otras
fuerzas, a políticos, a personalidades, a periodistas. Hasta información clave
sobre narcotráfico se ha compartimentado y otra se ha ocultado", explica
uno de los artífices de la estrategia.
La competencia ha impedido quebrar estructuras financieras y logísticas
de la guerrilla, las autodefensas y los carteles del narcotráfico y explica la
falta de seguimiento profesional perfectamente diseñado y encaminado a la
captura o muerte de jefes de estas organizaciones, tanto en la parte rural como
urbana.
Ni siquiera internamente los organismos han tenido continuidad para desarrollar
la inteligencia. Un comandante sucede a otro, sin identidad en las prioridades.
¿Alternativas? A juicio de los expertos, la estabilidad de los oficiales de
inteligencia en cada zona y en cada misión, las reuniones e intercambios
permanentes de información por parte de los responsables de las distintas
fuerzas, la existencia de un único informe final de cada sesión y la definición
de metas y resultados concretos en un tiempo determinado constituyen una
prioridad.
ü Vaguedad de funciones
Tropas de la Armada están asignadas al cuidado de torres de
comunicaciones o infraestructura eléctrica, unidades de la Policía al combate
en la jungla, patrullas aéreas a trabajos de inteligencia en tierra y tropas
del Ejército a casos de Policía en áreas urbanas. La distorsión de funciones se
ha traducido en dislocación de esfuerzos y dispersión de responsabilidades
frente al conflicto. ¿Alternativas? Es necesario redefinir la función y
responsabilidad de cada fuerza. De la Armada, en el control de costas y en las operaciones
fluviales; del Ejército, en la vigilancia de las fronteras y el control rural;
de la Fuerza Aérea, en la vigilancia y el apoyo aéreo y de la Policía en
materia de seguridad ciudadana y urbana. Por su parte, el DAS y otros
organismos de seguridad se deben dedicar a la inteligencia.
ü Errada distribución territorial
Un análisis geográfico y estratégico sobre la ubicación y actual
distribución de las guarniciones militares ha puesto en evidencia enormes
inconsistencias en materia operativa.
La seguridad de departamentos como Cundinamarca, Antioquia o Caquetá,
sólo por citar tres casos, es responsabilidad simultánea de tres brigadas
diferentes, que en ocasiones reportan también a dos divisiones militares
distintas. Estas, a su vez, responden a dos o más mandos militares y civiles.
En el caso de Antioquia, que consta de 125 municipios y enfrenta amenazas
guerrillera y paramilitar en el Urabá, la llamada 'Vuelta de oriente', el
Magdalena Medio y la zona de Paramillo, las tareas de custodia son responsabilidad
de las brigadas IV, XVII, y XI y la Infantería de Marina. Sin embargo, la
Brigada XVIII con sede en Carepa (Antioquia), tiene como prioridad el
departamento del Chocó y no Antioquia.
De acuerdo con los analistas, tal dispersión impide a gobernadores,
alcaldes y al propio Gobierno Central definir responsabilidades y hace
imposible la planeación estratégica por regiones y la definición de indicadores
de gestión y de resultados. "En ocasiones no se han tenido en cuenta ni
siquiera los accidentes geográficos a la hora de operar y hasta se ha permitido
que se conviertan en obstáculo y frontera de las operaciones. La jurisdicción
militar no puede terminar en la margen de los ríos Guaviare o Caquetá o en los
Farallones de Medina, entre Meta y Cundinamarca cuando hay una operación en
curso", observa un militar de alto rango hoy retirado y asesor del
Gobierno.
¿Alternativas? Los expertos consideran prioritario revisar las actuales
jurisdicciones de las guarniciones, de cara a las necesidades que plantea cada
zona del país, y garantizar la efectiva existencia y permanencia de brigadas
móviles sin límites territoriales.
ü Oficiales y personal de escritorio
Para empezar, dice uno de los gestores de la estrategia, “hay sin número
de oficiales y suboficiales empleados en actividades propias de las relaciones
públicas, asignados a congresistas y políticos, como enlaces y no como jefes de
seguridad".
Otros están siendo utilizados como escoltas, sin que tal servicio fuese
avalado por algún estudio de seguridad, o están dedicado a cuidar entidades que
deben proveerse su seguridad, como las sucursales bancarias y hasta a algunos
restaurantes. Ello, sin incluir militares y policías dedicados a tareas de
recepcionistas, digitadores o guías, en ministerios y entidades descentralizadas.
Más grave aún es el caso de oficiales de altos grados (coroneles y generales)
que están entrenados en la parte operacional y ocupan cargos administrativos.
Algunos generales, preparados en el terreno de la inteligencia o la
operación militar, han terminado asignados a compra de equipos, una labor
respecto de la cual no tienen ni la formación ni el interés.
¿Alternativas? Asegurarse que, salvo casos excepcionales, las entidades
privadas asuman sus asignar civiles a funciones de carácter administrativo y
garantizar que los oficiales puedan dedicarse, con continuidad, a las tareas
para las que realmente han sido preparados. "Debe haber una reorganización
de funciones de los comandantes, principalmente dentro de la estructura del
Ejército. Cada cual en la tarea que le corresponde: los oficiales del arma de
ingeniería, especializados en infraestructura, no pueden ser los asignados a
las contraguerrillas", observa uno de los analistas.
ü Desconocimiento de la
especialización
Durante las últimas dos décadas, cada fuerza ha ido concibiendo
aisladamente grupos especializados, que de haber existido una política
coherente estarían adscritos a otras fuerzas.
Así, la Policía creó comandos jungla selváticos a nombre de la fumigación
de cultivos ilícitos y bloques de búsqueda en las ciudades para hacer frente al
narcotráfico. El Ejército terminó asignado en zonas urbanas al cuidado de
cárceles, edificios de multinacionales y empresas, torres de energía y hasta
centrales de comunicaciones. Inclusive, a sedes diplomáticas. Y la Armada ha
puesto en operación comandos urbanos de inteligencia y rurales de vigilancia. A
esa distorsión se suma una equivocada reasignación de militares y policías
especializados. Así, por ejemplo, contraguerrillas del Ejército terminan en las
ciudades y policías antidrogas, inclusive de inteligencia, en la selva.
¿Alternativas? La redefinición de funciones debiera permitir que se
articulen los escuadrones especializados y que su crecimiento obedezca a las
funciones propias de cada fuerza y no a las necesidades que cada una cree
percibir. La existencia de pequeñas flotillas aéreas en Policía, Ejército y
Armada, cuando el apoyo estratégico debiera ser función de la Fuerza Aérea, es
una de las inquietudes en este frente.
ü Desarraigo de oficiales
Aunque parece un problema menor, es quizá el más crítico en cuanto a
conocimiento de terreno, adaptación y versatilidad. "Soldados de Nariño y
Boyacá, que son de climas fríos, son asignados al sur de Bolívar, en donde no
conocen la región, se superan los 40 grados de temperatura y no encuentran
afinidad de ninguna clase ni siquiera con costumbres básicas de alimentación o
cultura. A su vez, barranquilleros han terminado en el Páramos del Sumapaz, en
donde hasta la neumonía y los problemas respiratorios causan bajas", dicen
los expertos.
En la misma línea, funcionarios del Gobierno observan que el desarraigo
de las zonas ha creado un problema adicional: la desprotección de policías y
soldados. "Si usted tiene un
Policía del municipio o del barrio, tiene un número significativo de
cooperantes que están listos a protegerlo: su familia, su novia, los amigos del
colegio, los vecinos. En un territorio desconocido, nadie se siente
responsable".
¿Alternativas? Examinar, principalmente en el terreno de la inteligencia
estratégica, la distribución de oficiales y cuidar de que en el caso del nuevo
pie de fuerza campesino e inclusive de las tropas regulares exista mayor
coherencia en la asignación de zonas.
"Un asunto son los soldados profesionales, dispuestos y entrenados
para combatir en cualquier zona y otro el pie de fuerza ordinario de cada
región".
ü Presencia del Estado
El último eslabón es quizás el más crítico. No se puede, enfatiza
textualmente un experto, cometer el mismo error del pasado: “llegar a una zona,
instalar las tropas por dos meses y después salir, sin que exista inversión
social en salud, educación o infraestructura, sin restablecer los puestos de
Policía destruidos y sin instalar a las autoridades civiles y judiciales".
El
11 de agosto, el Presidente Uribe declaró el estado de conmoción bajo el
decreto 1837 del 2002 argumentado cuatro razones para ello: los ataques contra
los ciudadanos indefensos, el terrorismo contra la infraestructura de servicios
públicos, la presión contra las autoridades locales, regionales y nacionales,
las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cometidos por
los grupos armados al margen de la ley.
En
el marco del estado de conmoción el gobierno, dictó el decreto 2002 del 2002,
que constituye la columna vertebral del andamiaje jurídico para desarrollar la
estrategia de guerra. Ya en los mencionados cien puntos programáticos de
gobierno, Uribe señalaba:
“Hoy, violencia política y terrorismo son idénticos”
(punto 33) y recientemente, después de haber puesto en marcha el decreto 2002
dijo: “No se descarta que haya que darle más facultades a la fuerza pública,
facultades que se presentarán en la reforma constitucional que estamos
preparando”.
El Decreto 2002, expedido
el 10 de septiembre al amparo de la conmoción interior para el control del
orden público, tiene tres ejes fundamentales.
Primero, crea una coordinación en el terreno entre la Fiscalía, la
Procuraduría y los militares. Para ello dispone que un fiscal, agentes del CTI
y un agente especial del Ministerio Público acompañen de tiempo completo a cada
uno de los pelotones de las Fuerzas Militares en las zonas de orden público.
Segundo, amplía el poder
de las Fuerzas Militares para que adelanten funciones de Policía Judicial
cuando exista una "urgencia insuperable y la necesidad de proteger un
derecho fundamental en grave o inminente peligro". En esos casos extremos
les permite, con la sola autorización verbal de un fiscal o sin ninguna orden
judicial, realizar allanamientos, requisar lanchas, carros o aviones y capturar
personas sospechosas de haber cometido o de tener planes para cometer delitos.
Y como tercer eje
contempla la creación de unas zonas de rehabilitación y consolidación. En esos
territorios, que son los más afectados por el conflicto armado y serán
delimitados por el Presidente, se restringirán los derechos de los ciudadanos
con el objetivo de recuperar la seguridad del lugar. Dichas
medidas serán:
·
"El derecho de circulación o residencia podrá limitarse, mediante
medidas como el toque de queda, retenes militares, indicativos especiales para
la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o
permanencia restringida o prohibida de personas o vehículos en horas y lugares
determinados".
·
"El Gobernador podrá, dentro del territorio de su jurisdicción,
adoptar medidas para exigir a personas determinadas que comuniquen con una
antelación de dos días, ante la primera autoridad civil del municipio y, en su
defecto, ante el comandante de estación o subestación de Policía de la
respectiva localidad, todo desplazamiento fuera de la misma cuando se trate de
su residencia habitual".
·
"El Comandante Militar (...) queda facultado para recoger,
verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia
y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que transiten o
ingresen a la misma".
·
"En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, la persona que no
porte su documento de identificación, será retenida mientras se verifica su
identidad".
El decreto 2002 contradice convenios internacionales
de derechos humanos y derecho internacional humanitario y limita derechos
fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la
presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y
la no-discriminación. Creemos, junto con otras organizaciones internacionales y
nacionales de derechos humanos, que las medidas que el gobierno del presidente
Uribe Vélez adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y
control del orden público, deben estar basadas en el pleno respeto a los
tratados internacionales vinculantes para Colombia.
Las consideraciones y las medidas
específicas del decreto 2002 incriminan a la población civil como la responsable
del conflicto; se la señala como abierta colaboradora de los grupos al margen
de la ley, y por tanto, es contra ella que se dirigen las medidas. Resulta
clara la intencionalidad de estigmatizar y criminalizar a la población civil,
de manera particular aquella que vive en zonas de presencia de los grupos
insurgentes. El peso riguroso de la represión se va aplicar a los que no son y
las medidas no apuntan específicamente a conjurar las causas de la
perturbación.
El presidente Uribe ha expresado
en varias ocasiones que la mejor política (de Estado) en materia de derechos
humanos es su política de seguridad y altos funcionarios del gobierno se han
pronunciado respecto a que población debe aceptar restricción de sus derechos
si quiere que el Estado recupere el orden y garantice seguridad. Según el
Presidente “el día en que la seguridad democrática se enseñoree en todo el
territorio de la Patria, no se cometerá un atentado más contra los defensores
de derechos humanos y líderes sociales”. Muy por el contrario, creemos que
una política de seguridad, realmente democrática, se construye sobre el
respecto irrestricto y la garantía plena de los derechos humanos, en su
integralidad.
Existe ya una larga lista de casos de
violaciones derechos fundamentales, quejas, denuncias y atropellos cometidos
contra pobladores y ciudadanos inocentes sobre los cuales el Presidente Uribe
debería ordenar, así como ordena directamente la captura de reales o supuestos
cabecillas de la guerrilla, investigaciones y hacer también cumplir sus
postulados filosóficos de dispositivos de control y transparencia de las
actuaciones de la Fuerza Pública:
“...estamos trabajando
para que todos los ciudadanos de bien cooperen mediante la información oportuna
y confidencial con la Fuerza Pública...¿Por qué descalificar a priori un
instrumento que tiene pleno respaldo en el deber constitucional de colaborar
con la acción transparente de la autoridad legítima? ¿Qué razones pueden
esgrimirse para prejuzgarlo como esquema de concierto entre el Gobierno y las
organizaciones criminales?...
Los eventuales riesgos
que para el ciudadano de bien podría surgir del sistema de colaboración civil
con la Fuerza Pública, deben ser minimizados y conjurados mediante dispositivos
de control y transparencia. El Gobierno está abierto a escuchar propuestas y a
tramitar todas las quejas y denuncias fundadas”. (Carta de respuesta del Presidente Álvaro Uribe Vélez a las ONG
de Derechos Humanos, Octubre 16 de 2002)
Los órganos judiciales y de
control del Estado resultan articulados como parte de la estrategia de guerra,
integrando y acompañando operaciones militares.
A propósito,
el Defensor del Pueblo señaló con preocupación que "el guerrero y el juez,
fundidos en un solo cuerpo es el camino más breve que puede conducir a la disolución
del Estado de derecho".
Para varias organizaciones
defensoras de derechos humanos ha sido preocupante el papel que están jugando
los órganos de control y judiciales frente a la aplicación de las medidas de
conmoción por la fuerza Pública. Distintas autoridades (Procuradurías,
Personerías) han manifestado que:
“hasta la
fecha no han acompañado a la Fuerza Pública en ninguna operación por
circunstancias que escapan a la voluntad de nuestros funcionarios ya que la
fuerza pública no ha informado de dichas diligencias”
En cuanto a la Fiscalía General de
la Nación, el más reciente informe de Human Rigths Watch sustenta que el Fiscal
general debilita las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en
la medida en que esta Institución ha tomado un “giro erróneo”, desde la misma
posesión de Luis Camilo Osorio. En sus
primeras declaraciones públicas, el alto funcionario había afirmado:
“una guerra
se estaba librando a nivel internacional para desacreditar a las autoridades,
no solo de las fuerzas militares sino también del sistema judicial. Se trata de
un movimiento internacional no solo de ONG sino de algunos Estados europeos
como Suecia y Noruega, Francia en el pasado y algunos grupos en Estados Unidos,
incluidos algunos congresistas demócratas”. En tal sentido prometió corregir
lo que describió como “atención excesiva a las acusaciones contra oficiales
militares por parte de los fiscales”.
En el marco del decreto 2002, el
pasado 21 de septiembre fueron decretadas las dos primeras zonas de consolidación
y rehabilitación Sucre y Bolívar, la primera, bajo el mando militar del capitán
de navío Luis Alejandro Parra Rivera y Arauca la segunda, bajo el mando del
Brigadier General Carlos Homairo Lemus Pedraza. Estas dos zonas comprenden 27
municipios (15 en Sucre, 9 en Bolívar y 3 en Arauca. Inmediatamente, el
gobierno dispuso la concentración militar de seis batallones de contraguerrilla
del Ejército y de la Armada y de tres brigadas móviles, con cerca de 3.600
soldados, para estas dos zonas, además de los fiscales y agentes del CTI que
harán parte, con los militares, de las operaciones. De acuerdo con el decreto
2002, en estas zonas se pueden restringir los derechos de circulación y
residencia, censos de la población, prohibiciones a la movilización de personas
y vehículos, penalizar desplazamientos no autorizados, decretar toques de
queda, suspender permisos de porte de armas, la permanencia de extranjeros en
estas zonas estará sujeta a permisos especiales.
En el caso de las zonas
de Sucre y Bolívar, la información oficial señala que, desde que comenzó a
funcionar la zona de rehabilitación:
-
Se ha detenido a 269 indocumentados
-
Capturados con orden judicial 15
-
Extranjeros retenidos 7
-
Se ha censado al 10% de la población
-
Ocho extranjeros fueron enviados a Bogotá para que certifiquen su
presencia en el país, Se inmovilizaron 94 vehículos y motocicletas por falta de
documentos
-
Narcoterroristas capturados 11
-
Se ha logrado la incorporación de 8.032 personas a la red de informantes,
la meta es de 49.627 para los 24 municipios incluidos en las zonas de
rehabilitación.
En cuanto a la zona de
Arauca:
·
Por los retenes realizados en la vía Caño Limón- Arauquita, las
autoridades han concluido que "nos hemos podido dar cuenta de que 80 por
ciento de la población campesina está indocumentada. La mayoría no ha tenido
cédula por primera vez y otros ni siquiera han registrado a sus hijos".
·
Durante la existencia de la zona de rehabilitación, la ciudad de Arauca y
los municipios de Arauquita y Saravena han sufrido 15 atentados con cilindros
de gas y cargas explosivas, 17 hostigamientos con armas de fuego a patrullas
militares y de Policía, y varios retenes indiscriminados de la guerrilla sin
mayores consecuencias.
·
Los informes de inteligencia militar indican que los frentes 10, 45, y la
columna móvil 'Alfonso Castellanos' de las FARC-EP fueron reforzados por 300
guerrilleros y milicianos del frente 'Héroes del Caguán'. Así mismo, que el
frente 'Domingo Laín' del ELN inició un plan de reclutamiento 'voluntario',
para revivir sus milicias populares.
·
Por su parte, las paramilitares, que han penetrado al departamento por
Fortúl y Cravo Norte, aseguran que "no se correrán un centímetro, así haya
zona de rehabilitación y que su pelea será por la recuperación de
Saravena". Los tres grupos han delimitado sus áreas de acción, al punto de
distribuirse algunas carreteras y zonas ganaderas.
Por otro lado, algunas
autoridades entre Alcaldes y Gobernadores se han pronunciado en rechazo a que
sus territorios sean declarados como nuevas zonas de rehabilitación y
consolidación, pues consideran que antes que detener incrementa la violencia en
la región. Así lo declaró el alcalde de El Carmen de Bolívar: "...desde
que el Carmen fue declarado dentro de la Zona de Rehabilitación y
Consolidación, hemos sido blanco de la violencia. Se han incrementado los
robos, los atracos a almacenes en horas nocturnas"
Otro
de los escenarios para la aplicación de las estrategias de guerra ha sido las
grandes ciudades. Las operaciones desarrolladas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, a
través del ametrallamiento aéreo y combate abierto en centros poblados, que
dejaron como saldo final más de 6 civiles muertos, 40 heridos y más de dos
centenares privados de la libertad, contravienen los postulados de distinción y
proporcionalidad en el uso de la fuerza, exigidos por el derecho internacional
humanitario, con lo cual se atentó y puso en riesgo la vida e integridad de la
población civil.
La implantación, por la
vía de hecho, de la Comuna 13 de Medellín, como "zona de rehabilitación y
consolidación", a través de mecanismos que restringen la libre circulación
de quienes allí residen, así como el empadronamiento de sus habitantes, bajo el
argumento de promover planes de desarrollo. La tendencia que se ha hecho
manifiesta, a través de diversas operaciones de la Fuerza Pública en otras
ciudades capitales (Cali, Bogotá y Cúcuta), permiten prever una agudización de
la crisis humanitaria en los centros urbanos, así como el incremento de las
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y el
desplazamiento forzado intraurbano.
Continúa siendo
preocupante la forma en que viene siendo restringida la libertad en las
"zonas de rehabilitación y consolidación", tal como lo refleja el
reporte dado por la Procuraduría Regional de Sucre, la cual da cuenta que
durante el primer mes de existencia de esta "zona de rehabilitación y
consolidación" 502 personas fueron privadas de la libertad, de las cuales
tan solo un 2.6%, tenía un requerimiento judicial, lo que revela una violación
abierta, masiva e indiscriminada del derecho a la libertad.
Dicha situación se torna
más grave si se tiene en cuenta que en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín,
fueron privadas de la libertad más de 200 personas en solo 6 días, las cuales
fueron judicializadas, con fundamento en informes de la Fuerza Pública carentes
de soporte probatorio, donde se ha revelado la ausencia de independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales y de control que acompañaron la
"Operación Orión".
Los allanamientos se han convertido en la modalidad
privilegiada del Estado de "seguridad nacional" que se está
implantando. Cientos de allanamientos realizados, entre ellos el de la sede de
la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el pasado 25 de
octubre, reflejan la arbitrariedad del
gobierno y el incumplimiento de los procedimientos establecidos, incluso por el
decreto 2002, en el marco de la conmoción interior. En el mencionado
allanamiento, como en muchos otros, no ha habido presencia de la Fiscalía ni de
la Procuraduría, además de causar daños materiales, intimidaciones y terror
psicológico, contrario a la "transparencia y respeto" de los que
hablan el Presidente Uribe y el General Mora. Estas acciones constituyen una
clara persecución política contra organizaciones democráticas de la sociedad
civil que tienen un trabajo público y reconocido, nacional e
internacionalmente, en defensa de los derechos humanos, construcción de la paz
y ampliación de la democracia.
Respecto del paramilitarismo Uribe Vélez ha
sintonizado con las declaraciones del subsecretario de Estado, de Estados
Unidos, para el Hemisferio Occidental, Otto Reich quien señaló que Colombia debe
negociar también con los grupos paramilitares y que estos deben ser tenidos en
cuenta en un eventual proceso de paz.
Puede colegirse,
fácilmente, que en el modelo del actual gobierno el paramilitarismo cumple un
papel de trascendencia. Para ello, Estado y paramilitares se han propuesto
concertar los escenarios para la legitimación y en cierto sentido, para lo que
Alfredo Rangel denomina la “desarticulación gradual”, en condiciones de favorabilidad jurídica, política y social.
En reciente cumbre de comandantes
paramilitares, acordaron, según declaraciones públicas de Carlos Castaño:
“manifestarle
al gobierno, a través de monseñor Giraldo la disposición de acatar el
ofrecimiento que nos hizo en días pasados de iniciar un proceso de diálogos,
con la mediación de la Iglesia y del Alto Comisionado para la Paz...que
conduzcan a una desmovilización de las AUC en la medida en que las fuerzas
armadas reemplacen nuestra función en las diferentes regiones del país donde
ejercemos presencia política, militar y social”.
La estrategia de
seguridad, ya reseñada, facilita un cierto giro en el estatus de los
paramilitares: ahora actuaran como miembros de la red de informantes, recibirán
las recompensas, se mimetizarán en los proyectos de retornos o reasentamientos
como “población desplazada”, se incorporarán al contingente de “soldados
campesinos”, “policías carabineros”,jugarán un importante papel en las zonas de
“rehabilitación y consolidación”... hasta que finalmente queden incorporados en
la nueva fuerza pública del Estado y en el esquema de defensa y seguridad.
A
pesar de lo anterior, no se niega que en estos momentos reina una cierta
incertidumbre frente al tema, especialmente por el pedio de extradición que
Estados Unidos ha hecho sobre Carlos Castaño acusado de narcotráfico y
terrorismo.
La
tendencia y propósito de “legalización” de los paramilitares queda al
descubierto con lo que ha sucedido en las zonas de rehabilitación y
consolidación.
Todo indica que de tiempo
atrás se venían preparando estas zonas para facilitar la presencia y
consolidación del paramilitarismo. Cabe recordar que en años anteriores, se
conocieron informes de organizaciones nacionales e internacionales que
denunciaron los asesinatos sistemáticos de líderes cívicos, comunales,
sindicales y defensores de derechos humanos, cometidos por paramilitares con la
aquiescencia de la Fuerza Pública y de organismos de seguridad privada
pertenecientes a las compañías petroleras de la región.
Así, lo alertaba la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas en el Informe Anual Sobre Colombia,
presentado durante el 58 Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos.
La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos se refirió a la problemática del paramilitarismo en el
departamento de Arauca, en los siguientes términos:
"79. Durante el año
2001 se hizo manifiesto que con ciertas ejecuciones extrajudiciales buscaban
los paramilitares castigar a las víctimas por sus ideas, opiniones o
actividades de carácter político o social ... Tal fue el caso de Octavio Sarmiento,
representante a la Cámara, víctima de homicidio perpetrado en Tame (Arauca), el
2 de octubre.
145. La Oficina ha recibido testimonios según los cuales durante operativos
militares, miembros del ejército amenazaron a la población civil, anunciando la
llegada inminente de los paramilitares. La Oficina recibió información en este
sentido en relación con los operativos militares que se desarrollaron en el
departamento de Arauca durante el mes de julio. 206. Manifestaciones de la
expansión del paramilitarismo son, sin duda, la aparición de los llamados
grupos de autodefensa en regiones donde antes su presencia no fue
significativa...
207. Finalmente, en el
mes de agosto se produjo el ingreso de unos 1.000 integrantes de las AUC al
departamento de Arauca, tras la concentración de tropas en el norte del
departamento del Casanare. Las alertas lanzadas no lograron impedir la comisión
de varios homicidios, entre ellos el de un congresista". (E/CN.4/2002/17,
28 de febrero de 2002).
Declaraciones de los
delegados directos del Presidente de la República, General Lemus Castro y del
Coronel ® José Emiro Palencia, gobernador (e) del departamento, en las que
señalan que: "después de un análisis minucioso de la situación y hablar
con mucha gente, se llenaron de motivos" para decidir que no debían
incluirse en la zona de rehabilitación los municipios con control paramilitar;
que con esta medida: "con seguridad lo que concluyeron es lo
mejor", develan claramente la intencionalidad de la estrategia.
Un
componente importante de la política del actual gobierno y de la agenda
multilateral con Estados Unidos es la lucha contra las drogas. Uribe se ha
propuesto entregar al final de su mandato “un país sin drogas”. Para ello es importante
“mejorar el Plan Colombia y extenderlo a otras zonas del país”.
Desde
julio del 2000 cuando Clinton firmó la ley que multiplicó por cuatro veces la
ayuda norteamericana a Colombia, hasta el pasado 11 de octubre cuando Bush
determinó que esa ayuda, además de usarse contra las droga podía emplearse para
la guerra, se han aprobado 1.519,6 millones de dólares (sin contar lo prometido
para el 2003).
Sólo
el 20% de las familias vinculadas a cultivos de uso ilícito ha sido cubierta
con los proyectos de “desarrollo alternativo”, todos evaluados como
fracasados. Aunque la Contraloría
reconoce que hay proyectos en “renglones promisorios” como palmito, palma
africana, cítricos, tomate de árbol, tabaco y piscicultura, sin embargo nada
garantiza su éxito por las dificultades de mantenerse en el mercado.
La
propuesta de Uribe es pagar cinco millones de pesos por año, como compensación
para el sostenimiento de cada familia que cambie coca por árboles
comerciales. Su meta es involucrar 50
mil familias en la producción de árboles. Especialistas en la materia han
señalado que la productividad de estos árboles puede alcanzarse hasta los 15
años, lo que genera un interrogante
frente a la viabilidad de mantener los subsidios durante tanto tiempo, además
dl poco empleo que genera el manejo de bosques, sin mencionar las consecuencias
ambientales de esta propuesta.
El
21 de septiembre, en Nueva York, Uribe se comprometió con la meta de
erradicación de 150 mil hectáreas al finalizar este año y 200 mil en el 2003 y
dijo que la fumigación y erradicación no tiene reversa y se extenderá a otras
regiones del país. Durante el 2000 se fumigaron en el país 58.000 hectáreas, en
el 2001 la cifra fue de 84.000 hectáreas y 70.000 en el primer semestre del
2002. Dichas fumigaciones afectaron, aproximadamente, a 36.000 familias, la
mayoría de las cuales se vieron forzadas al desplazamiento.
Además
de la fumigación, el gobierno desarrollará una ofensiva en la interdicción
aérea y marítima. El tema de la
interdicción aérea sigue siendo de interés para el gobierno de Colombia en
momentos que la solicitud para la Iniciativa Regional Andina, IRA, del
Presidente Bush, es de US$ 731 millones para el 2003 para Perú, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil. Por su parte, el Comité de
Apropiaciones del Congreso aprobó US$ 500 millones para fumigación, para el
soporte de la Brigada XVIII (Arauca) y para la creación de una Segunda Brigada
Anti narcóticos. Mientras tanto, Estados Unidos tiene 170 asesores militares y
228 civiles en Colombia. En cuanto al acuerdo de preferencias arancelarias
ATPA, Perú, Colombia y Bolivia pasaron las pruebas de elegibilidad para
beneficiarse del mecanismo, mientras que Ecuador no lo hizo. Mientras tanto, la
UE solicito a Colombia suspender las acciones de fumigación que afecten
proyectos financiados por la comunidad europea, mientras crecen las dudas por
los US$ 330 millones ofrecidos para el Plan Colombia.
Bush da a conocer su
presupuesto para el 2003
El 4 de febrero del 2002
la administración del Presidente Bush presentó al Congreso su solicitud para el
presupuesto del 2003, en donde se incluye un incremento sustancial en ayuda a
la región Andina, en especial hacia Colombia.
El pedido de ayuda por
medio del presupuesto de apropiaciones para el exterior, en el cual se incluye
la gran mayoría de la ayuda para la región, le otorgaría a Colombia $374
millones de dólares en ayuda militar y $164 millones de dólares en ayuda social
y económica. (El presupuesto de Defensa, el cual incluye aún más ayuda militar
anti-narcóticos, no precisa los montos exactos para cada país. Sin embargo, en
el 2001, la Fuerzas Armadas Colombianas y la Policía recibieron $154 millones
adicionales por medio de dicho presupuesto, según una comunicación del
Departamento de Defensa de febrero de 2002.)
El 69.5 % de la solicitud
del presupuesto para Operaciones en el Exterior está designado para ayuda
militar y policiva. Si Colombia recibe ayuda por medio del presupuesto de
Defensa igual al promedio de 1999-2001, el pedido de ayuda para el 2003 por
medio de todas las fuentes seria de 75.1% en ayuda a las Fuerzas Armadas y la
Policía.
Por primera vez desde la
Guerra Fría, Colombia podrá recibir una suma significativa de asistencia que no
esté condicionada a la lucha anti-narcóticos. La administración del Presidente
Bush decidió acabar con la “línea invisible” entre ayuda anti-narcótica y ayuda
contra-insurgente, permitiendo que esta sea utilizada para combatir a los
grupos armados sin relación a las drogas.
El programa de
Financiación Militar Extranjera, que ha sido utilizado en los últimos años para
proveer ayuda al Medio Oriente, le otorgaría $98 millones de dólares a Colombia
en el 2003. Este dinero le permitiría al ejército Colombiano establecer (volver
a entrenar) una brigada con la función de proteger la infraestructura
económica. Según la prensa, la brigada contaría con 12 helicópteros UH-1
“Hueys.”
Específicamente la ayuda
suministrada por medio del programa de FMF estaría designada a la protección
del oleoducto Caño Limón-Covenas. Gran parte del petróleo que corre por dicho
oleoducto pertenece a la petrolera Occidental-Petroleum cuya sede se encuentra
en Los Ángeles. Este oleoducto fue atacado por la guerrilla colombiana 166
veces en el 2001.
El 4 de febrero en una
rueda de prensa en el Departamento de Estado, Curt Struble, el subsecretario
adjunto para asuntos hemisféricos, trató de disminuir el énfasis que se le ha
dado a la ayuda contrainsurgente, anotando que “Hemos, por ejemplo, por medio
del programa de asistencia antiterrorista, dado fondos a las Fuerzas Armadas y
la Policía para luchar contra el secuestro.” Sin embargo, la Asistencia
Antiterrorista (ATA) a la cual
se refiere el Señor Struble le ha dado a Colombia aproximadamente 1 millón de
dólares anuales, todo para entrenamiento.
El presupuesto solicitado
le entregaría a Colombia y sus vecinos la suma de $731 millones de dólares
adicionales por medio del programa de Control Internacional de Narcóticos, una
mezcla de ayuda militar / policiva y económica.
|
País |
Militar / Policiva |
Económica / Social |
Total |
|
Colombia |
$275,000,000 |
$164,000,000 |
$439,000,000 |
|
Perú |
$66,000,000 |
$69,000,000 |
$135,000,000 |
|
Bolivia |
$49,000,000 |
$42,000,000 |
$91,000,000 |
|
Ecuador |
$21,000,000 |
$16,000,000 |
$37,000,000 |
|
Brasil |
$12,000,000 |
- |
$12,000,000 |
|
Venezuela |
$8,000,000 |
- |
$8,000,000 |
|
Panamá |
$9,000,000 |
- |
$9,000,000 |
|
Total |
$440,000,000 |
$291,000,000 |
$731,000,000 |
Fuente: WWW.
ciponline.org
De los $275 millones para
las Fuerzas Armadas Colombianas y la Policía se incluyen fondos para la
creación de una segunda brigada antinarcóticos, de manera adicional a la
que ya ha sido creada con fondos del presupuesto del 2000-2001, cuya sede se
encuentra en Putumayo.
Desde
hace tiempo se ha señalado que el conflicto social y armado tiende a altos
niveles de concentración en las zonas fronterizas. Las poblaciones de estas
zonas, tanto en territorio colombiano, como en el territorio de los países
vecinos se ven cada vez más involucrados en el conflicto.
En
los últimos días, el presidente Uribe planteó la necesidad de una fuerza
multilateral, en principio, con la solicitud a Naciones Unidas de los Cascos
Azules “a la Colombiana” y recientemente con el llamado a los gobiernos de la
región a constituir una fuerza multilateral para luchar contra el “terrorismo”
y no permitir las acciones de la guerrilla colombiana en los países vecinos. La
presión ejercida, desde distintos niveles, en la región, puede efectivamente
desencadenar un ambiente propicio para que tanto, el gobierno colombiano como
el de Estados Unidos logren sus objetivos geoestratégicos. Veamos la dinámica
de los países vecinos.
Ecuador
En un marco de extrema pobreza en Esmeraldas,
especialmente en San Lorenzo donde viven 20,000 de los 27,000 habitantes del
cantón, se convierte en uno de los ejes del flujo de población colombiana hacia
el Ecuador. Su alcalde, Domingo Quintero se ve impotente frente a pobreza,
falta de empleo (el cultivo de la palma
africana daba 2,100 empleos en el año 2001 y ahora solo proporciona 1,400
empleos),
carencia de servicios públicos (solo
25% de población cuenta con alcantarillado, 35% con agua potable) y los problemas que genera la llegada de familias de colombianos. En este
sentido se presenta la discusión sobre la necesidad de campo de refugiados,
albergues o centros comunitarios para atender la situación en dicho pais. En la
parte central de la frontera ecuatoriano colombiana, las autoridades de
Imbabura alistan su plan de Seguridad Ciudadana especialmente para controlar
delincuencia en vía Ibarra San Lorenzo. En el tercer eje oriental, Sucumbios
tiene record de 140 personas detenidas por trafico de drogas y 117 asesinatos
en Lago Agrio, Shushufundi y Sacha.
Sobre cierre de las fronteras señaló “el prefecto Yandún y las autoridades
locales de Carchi e Imbabura fueron los que solicitaron el cierre del puente
internacional. Si ellos creen que esta medida les brinda seguridad, por que no
hacerlo. Sabemos que no es una solución”. En cuanto al tema de la fumigación en
Colombia, se realizo la Operación ONIX 4 en Villagarzón con participación de 14
aviones de fumigación, 8 helicópteros y 300 policías. Se han fumigado 97,000
hectáreas de coca y amapola, y se pretende fumigar 200,000 hectáreas en el
2003. Ello ha provocado diversas reacciones de Gobernadores de Nariño y
Putumayo, así como de la Defensoria del Pueblo y del propio Defensor Cifuentes,
señalando el éxodo hacia cascos urbanos y hacia Sucumbios, desde Valle del
Guamuez, San Miguel, Orito y Puerto Caicedo.
Según personero de La Hormiga (Putumayo) 7,000
campesinos padecen alguna forma de problema de salud y 3,500 salieron
desplazados. A pesar de las evidencias en el terreno de las consecuencias de
aplicar un producto no selectivo, de forma indiscriminada en zonas de alta
diversidad biológica, se continúan estos esfuerzos. Los impactos en el Ecuador,
obligaron a Ministra del Medio Ambiente de ese pais a pedir intervención de
Cancillería. Se han producido diversas afectaciones en poblaciones fronterizas
(Teteyé, El Porvenir, Puerto Nuevo, General Farfán, Marranita, Cinco de
Agosto). El Gobernador de Sucumbios, Víctor Velasco, denunció que los aviones
ingresan a territorio ecuatoriano.
El Canciller Moeller se mostró satisfecho con la
reunión con canciller Barco de Colombia. Se compartió información sobre el
cierre de puentes y la evaluación de la medida, que afecta el comercio y
ciertos gremios como el de los taxistas que sirven ente Ipiales y Tulcán. De
acuerdo con uso de Tarjeta Andina de Migración y, aceptación de 150,000
toneladas de arroz ecuatoriano a Colombia. Como consecuencia de la reciente
reunión bilateral en Bogotá, surgió la posibilidad que el territorio
ecuatoriano sea sede de conversaciones
de paz con la guerrilla. Sin embargo, no hubo respuesta de la parte colombiana.
El 3 y 4 de octubre se reunió la Comisión Tripartita en la que se menciona el
promedio de 600 solicitudes mensuales. Reunión de comisión Técnica Binacional
de Control y Vigilancia. Se analizo posible cierre y sus efectos, de 23 pasos
ilegales entre provincia de Carchi (Ecuador) y Nariño (Colombia).
El Ministro de Gobierno del Ecuador mencionó el
énfasis en la frontera norte y la solicitud de refuerzo de vigilancia en
Colombia. Se ha producido el incremento de pie de fuerza militar a 11,000
efectivos ecuatorianos. Asimismo, se ha iniciado la persecución de miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), grupo
Combatientes Populares (GCP y Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP). Se realizaron maniobras navales entre la
Unidad USS Pórtland de EEUU y elementos de Batallón de Operaciones Especiales
de la base Naval de Jaramijó en playa Los Cocos, cerca de Manta. Cuatro días de
ejercicios militares con participación de 1200 uniformados y 9 buques, en la
que simularon ataque a refinería de Esmeraldas y Oleoducto Transoceánico. Por
su parte, la nueva embajadora en Quito, Kristie Kenney inauguro la parte
operativa de la Base visita de Les Brownlee, funcionario del Departamento de
Defensa quien visito la Base Aérea de Manta.
Panamá
Provincia del Darién (Panamá) tiene una extensión de
16,671 kms cuadrados. Más que el conflicto mismo y sus impactos, impacta el
nivel de extrema pobreza de esta provincia. El sistema carcelario panameño esta
en crisis. 10,319 presos en cárceles con capacidad de 7,350. En este sentido,
situación complicada de las reclusas colombianas, pues no pueden ser
extraditadas por insuficiencia de recursos de la Embajada colombiana. En la
zona de frontera ha habido un aumento de brotes de malaria, según Ministro de
Salud Fernando García, particularmente entre indígenas que cruzan la frontera:
42 casos recientes en el Darién, un total de 241 casos en lo que va del año en
la misma provincia y 1556 casos en todo el pais.
Organismos de inteligencia norteamericanos temen que
ante la eventualidad de un atentado terrorista por vía marítima, se utilicen
los mecanismos que Panamá proporciona a los 285,000 marinos de 6,500 barcos con
bandera panameña. Se suscribió un acuerdo antinarcóticos ente Panamá y Estados
Unidos (US$ 31 millones), para ayudar a las comunidades del Darién, de modo de
crear una zona de amortiguamiento. Por otro lado, hay preocupación por el
aumento de trafico de personas de origen
asiático que vienen de Singapur, vía Ecuador.
Reunión entre Cancilleres de Ecuador y de Panamá.
Apoyo a iniciativas de Presidente Uribe y mostró disposición a servir de
mediadores. Cuatro helicópteros Black Hawk provenientes de Estados Unidos con destino
a Colombia, hicieron escala en Chiriquí. Canciller Moeller del Ecuador, mantuvo
posición de respeto al principio de no intervención. Salieron a la luz criticas
del canciller de Panamá, por el reclamo de Ecuador por aumento de tarifas en el
uso del canal de Panamá, ante OMC. Aunque a propósito del ex presidente
nicaragüense, el canciller de Panamá señaló que “la actual administración tiene
como política no brindar asilo político a ningún delincuente y combatir el
crimen organizado”.
Se produjo una reciente Campaña de difamación contra
ONG que realizan trabajo humanitario en Panamá. Una Nota de Prensa de
Migraciones en un contexto en que se confunde criminalidad con trabajo
humanitario, que puede traer consecuencias negativas para este ultimo. Se produjeron
respuestas de CEJIL, ALAP y otras instituciones nacionales e internacionales.
Por su parte, los alcaldes de Chocó en Colombia protestaron ante presidente
Uribe por la magnitud de la violencia en zona de frontera: bloqueo de
alimentos, reclutamiento de menores, trafico de armas y la consecuente caída
del turismo en Bahía Solano.
La situación de orden
público no ha mejorado: incremento de casos de trafico de drogas por aeropuerto
de Tocumen, en Panamá; asesinato de ciudadano colombiano en ciudad de Panamá,
lo que confirma la generalizada asociación de casos de drogas con ciudadanos
colombianos. Recientemente hubo denuncia de pobladores de Playa Chiquita por
presencia de muchas embarcaciones con indocumentados colombianos, que luego se
dirigían a Puerto de Colon. Por su parte, un minero artesanal denuncio que los
hitos fronterizos entre Puerto Obaldía y Punta Cocalito (frontera Colombia
Panamá), estaban escondidos o habían sido removidos.
El Ministro de Defensa
del Perú anunció próxima firma de convenio de cooperación en la vigilancia
fluvial del Putumayo entre autoridades de Perú y Colombia, para impedir cobro
de cupos por un contingente de 200 miembros de las FARC. Canciller Wagner dijo
a inicios de octubre que sin el apoyo en materia de interdicción aérea, por parte de Estados Unidos, era muy difícil
mantener la situación de reducción de los cultivos de coca en el Perú. A
mediados de octubre, se suscribirá dicho convenio en Bogota, el que incluirá
operaciones coordinadas para la interdicción aérea y fluvial
En un contexto de
continua polarización y en medio de la marcha de la oposición denominada “la
toma de Caracas”, los medios de comunicación señalan a Venezuela como el
pais mas afectado por el conflicto
armado en Colombia. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Asamblea nacional, Julio Montoya, alerto sobre presencia guerrillera en zona
fronteriza, y que ello hacia que la población colombiana huyera hacia
Venezuela. Incursión paramilitar en parte alta de Río de Oro en tierras de
Cooperativa Shapadana y reserva indígena del Perijá. El Diario La Verdad
menciona entre 1,500 y 2000 el numero de personas que huyeron hacia la zona de
Machiques. Incremento de acciones de violencia en frontera de Estados de Mérida
y Zulia. Dos dirigentes campesinos fueron asesinados por sicarios en su lucha
por la tierra
Formalmente, el
Departamento de Estado norteamericano solicitó al gobierno del Presidente
Chávez que permita el sobrevuelo de aviones en transito desde la Base de Curazao,
principalmente con destino a Arauca. En el 2001, 17 vuelos ilegales fueron
interceptados por la fuerza aérea venezolana. Aparentemente el gobierno
aceptaría dicha propuesta para aliviar las relaciones con Washington. Reciente
visita de Thomas Shannon Sub Secretario Asistente para el Hemisferio
Occidental, con varios puntos de agenda: agenda bilateral, situación nacional,
conflicto en Colombia y tema petrolero. También discuten la puesta en
funcionamiento de un radar en el Estado de Apure.
En la primera quincena de
septiembre, se produjo una reunion de coordinación con autoridades militares de
Arauca y de Apure, para tratar temas de seguridad. Asimismo, se nombro al nuevo
embajador venezolano en Colombia, General ® carlos Rodolfo Santiago, de paso que
asumía la nueva embajadora de Colombia Maria Ángela Holguín. Problema en
frontera colombo venezolana. Problemas por decisiones prohibiendo gasolina de
contrabando. En tal sentido, se produjeron movilizaciones en Cúcuta, y el
Puente Simón Bolívar que lleva a San Antonio (Venezuela).
De acuerdo a la Red de
Solidaridad se produjo un aumento de desplazamiento interno en Arauca en los
meses de Junio a agosto. Complicada situación en Arauca luego de aplicación de
normas de conmoción interior, en Saravena de organizaciones sociales como la
ACA (Asociación Campesina de Arauca). Municipios de Arauca se vieron
paralizados por ausencia total de combustibles y tuvieron que depender de
gasolina proveniente de El Amparo, Venezuela. Atentado en Caño Limón, en
momentos que se esta por ejecutar el entrenamiento de 4000 miembros de la
Brigada XVIII para la defensa del oleoducto (100,000 barriles diarios).
Arauquita y Saravena comprenden un corredor estratégico que permite la
movilización entre Boyacá-Santander-Arauca y Venezuela.
Brasil
La reciente elección de Ignacio Lula da Silva, como
presidente de Brasil puede generar algunos cambios en el tablero geopolítico de
al región. De acuerdo a organización Strafor que se encarga de hacer análisis
internacionales, “el gran temor de Bush es que Lula se oponga a los intereses
de Estados Unidos en la región, especialmente a los que se adelantan en
Colombia”.
De otro lado, hay una critica situación por
incremento de consumo de drogas en Río de Janeiro y Sao Paulo, peligrosidad de organizaciones
criminales (motines en prisiones, asesinatos). De otro lado, las facilidades
geográficas que permiten el tránsito de Colombia a Brasil, por las armas y
municiones que requieren los actores armados, particularmente sucede en el
corredor Guaviare-Vaupés, con destino a Brasil Surinam y Venezuela.
En
lo referente al tema de la paz y la negociación, las directrices de gobierno parecen ir en estos sentidos:
Dejar
en manos de las Naciones Unidas los aspectos centrales referidos a los posibles
acercamientos y conversaciones para la solución política del conflicto, con los
grupos alzados en armas, especialmente con las FARC. Como ha conocido la
opinión pública, en este tema hay poca claridad desde el gobierno, pues se
tiende a confundir los roles y papel de la ONU por parte del Gobierno de Uribe.
En un comienzo se le planteó un rol de Mediador, posteriormente se aceptó que
el papel sería de “buenos oficios”, luego el Presidente pide que ese organismo
avale un contingente de “cascos azules a la colombiana”.
El
argumento planteado es que un conflicto de la magnitud del nuestro necesita
soluciones atípicas, por eso la solicitud que las Naciones Unidas avalen a
soldados colombianos como “cascos azules” para disuadir a los agresores
De
las opiniones expresadas por el gobierno pareciera que la paz es considerada
como un problema de orden público; entendida así puede generar prepotencia y
autismo en el gobernante y exclusión y desconocimiento de la capacidad de los
gobernados; la paz es ante todo el empeño colectivo por realizar el ideal de la
vida social, es un bien público por excelencia.
Así
lo indica también la referencia del Presidente al posible papel de los países
amigos de un proceso de paz: “toda nación que nos quiera ayudar a conseguir la
paz debe hacerlo por conducto del gobierno de Colombia, que ninguna sea
protectorado de nuestros delincuentes”. “Ninguna presión nos hará renunciar al
derecho de los colombianos a recuperar la paz y la tranquilidad” (puntos
92-95)
En
términos generales, el Gobierno mantiene la premisa de que se podrán reanudar conversaciones con la
guerrilla, bajo la condición de
que la guerrilla declare un cese el
fuego y termine con las acciones terroristas (ataques contra la población, secuestro
y extorsión). Las FARC, por su parte, mantienen su renuencia a aceptar una
mediación internacional, tampoco acepta la condición previa de tregua para
poder conversar, su idea sigue siendo negociar en medio del conflicto y con la
exigencia de una zona geográfica de distensión como lo anunciaron recientemente
de pedir la desmilitarización de los departamentos de Putumayo y Caquetá, así
como la no-calificación de terroristas y una clara política gubernamental para
erradicar el paramilitarismo, como condiciones para retomar cualquier
acercamiento con el nuevo gobierno.
Respecto
del ELN el gobierno ha decidido continuar el diálogo, con un bajo perfil y
teniendo como escenario para los encuentros y reuniones a Cuba.
El
tema que tendrá mayor relevancia en el mediano plazo es el que tiene que ver
con el “canje” de prisioneros y los acuerdos humanitarios. Cada vez hay mayor
presión, nacional e internacional, para que el gobierno busque una salida al
problema de los secuestrados. Todo parece indicar que el presidente Uribe
tendrá que adoptar una política más flexible en este campo y llegar a algún
tipo de acuerdo con la guerrilla.
Las
organizaciones sociales y democráticas de la sociedad civil han presentado,
recientemente, una propuesta al Gobierno y a las FARC orientada a lograr un
acuerdo especial o un pacto humanitario de liberación simultánea de personas
retenidas por las FARC y de presos políticos de esa organización insurgente. Un
acuerdo en tal sentido podría abrir la puerta para pensar en un acuerdo global
sobre derechos humanos y derecho humanitario.
Los
familiares de los secuestrados realizaron en días pasados un Encuentro Nacional
en el que demandaron, de las Partes, un acuerdo humanitario para la liberación
de los retenidos.
Desde el comienzo, el Gobierno ha reducido el debate
de la reforma política al asunto del “referendo contra la corrupción y la
politiquería”.
Como
lo señala Antonio Caballero, en su columna de opinión, octubre 20, de la
revista Semana: “el recurso directo al pueblo a través del referendo o del
plebiscito ha sido siempre un instrumento predilecto de quienes aspiran al
poder dictatorial. El referendo es una trampa en la medida en que propone votar
por algo que todos estamos de acuerdo: ¿quién no está contra la corrupción y la
politiquería? El referendo, en su conjunto, no es benéfico para el país, pero
sí lo es para Álvaro Uribe cuyo poder refuerza al eliminar las trabas e
intermediarios, equilibrios y contrapoderes”.
Reducción
del tamaño del Estado, austeridad y reducción de burocracia desde la
Presidencia, Congreso, Embajadas y Consulados.
El
referendo como la principal estrategia política contra la corrupción y los
cambios en las costumbres políticas ha ido cambiando de tal forma su sentido
original que el mismo gobierno le cuelga, como a un árbol de navidad, de todo.
Ahora, las medidas de ajuste fiscal, la penalización de la dosis personal de
marihuana, la prórroga del mandato de alcaldes 7y gobernadores, y los demás que
le sean colgados mientras continúa su trámite en el Congreso. La verdad es que
este punto de la plataforma programática del gobierno se está convirtiendo en
el mecanismo para un Presidente que además pretende continuar en campaña, aquí
puede estar uno de los principales costos políticos de su gestión.
Fomentar
los controles ciudadanos sobre lo público. En la propuesta programática se
plantea el fortalecimiento de los mecanismos y espacios para que los ciudadanos
ejerzan el control directo sobre las actuaciones de los funcionarios públicos.
Sin embargo, este presupuesto resulta contradictorio cuando el Presidente
expone su propuesta de reducción del Estado, en el que las entidades más
cercanas a los ciudadanos, como las Personerías, serían eliminadas. Se propone
que las entidades de control estén supeditadas al Ejecutivo y se plantea la
reestructuración de la Contraloría por una Contraloría Nacional Técnica para
dar cabida a auditorias externas (privadas).
Lo que la reforma política implica no es,
principalmente, el tamaño del Congreso o reformas al sistema electoral. Se
trata de redefinir las reglas de juego de la relación entre el estado y los
ciudadanos; los cambios en la cultura política y en el sistema de partidos; el
restablecimiento de la institucionalidad en la toma de decisiones y el
equilibrio de poderes entre las ramas del poder público; el ordenamiento
territorial, entendido como el espacio donde adquiere sentido la participación
y se potencia el cambio político.
En todo caso, la reforma política que se propone no
toca los temas de fondo que en síntesis tienen que ver con la representación
política, esto quiere decir que los representantes sean portadores de las
racionalidades de sus representados y que se generen ámbitos donde la
ciudadanía pueda exigirle cuentas a sus representantes (accountability: control
social). Las reformas deben establecer estos ámbitos de representación y
estructurar espacios sociales, políticos, culturales, intermedios a los
partidos, donde se puedan desarrollar propuestas colectivas publicas y donde el
ciudadano, responsable de lo publico, tenga donde expresarse y participar.
Pueden establecerse reformas políticas que garanticen la gobernabilidad (como
sucedió con la constituyente de 1991) pero sin garantizar el control social.
‚ LA ESTRATEGIA DE LA GUERRILLA
Desde la ruptura de los
diálogos entre las FARC y el Gobierno de Pastrana (21 de febrero 2002) las FARC
definieron tres estrategias. La primera, consiste en un “repliegue táctico” en
lo militar, que parte del principio de “desgaste militar” del enemigo, es decir
responder pero no confrontar directamente a las fuerzas militares y esperar a
que la “euforia gubernamental” por el uso de nuevos aparatos militares, los
bombardeos, ametrallamientos y operaciones de despliegue rápido se agoten en sí
mismas; mientras ellos canalizan sus fuerzas hacia la guerra en las ciudades,
grandes e intermedias, a través de acciones terroristas y del traslado gradual
del conflicto del campo a la ciudad.
Su segunda estrategia de
guerra esta dirigida contra la economía: afectar la infraestructura energética
del pais, torres de energía, oleoductos, puentes apuntando al deterioro de la
economía como “condición objetiva” para el ablandamiento de los gremios
económicos y del gobierno, por un lado y la generación de un levantamiento
popular, por el otro.
Y finalmente una
estrategia contra la clase política o la “oligarquía” como lo señalaron en su
momento, a través de los secuestros (como el de Ingrid Betancur, el senador
Gechem Turbay, el Gobernador de Antioquia y su Consejero de Paz y varios
parlamentarios más, hoy en su poder) para presionar un canje por sus militantes
presos en las cárceles del pais.
Las anteriores estrategias, muestran que el
escenario del conflicto involucra aspectos más complejos de solucionar que las
meras consideraciones militares de la propia guerra; que en los cálculos de las
FARC la guerra no va ser de corto plazo y que, efectivamente, el fin de su
lucha es llegar al poder, por lo cual no les preocupa ahora la imagen que
presenten las primeras paginas de los periódicos. En estos momentos no creen en
la política, creen en lo militar. Como bien lo ha expresado Pierre Ghilodes “para
las FARC, la paz no es su fin, ellos no están en guerra para restablecer la paz
de Colombia, ellos están en guerra para hacer otra Colombia... ese es el error
de la actual administración: Venia a negociar la paz y ellos venían a negociar
las reformas y transformaciones profundas del pais. Hubo dos lenguajes
paralelos que nunca se encontraron”.
Esto ha sido ratificado por Raúl Reyes en la más
reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco, publicada en el libro “¿Y
ahora qué?, el futuro de la guerra y de la paz en Colombia”. En ella, el
comandante guerrillero ratifica que las FARC continúan en su lucha por el poder
político nacional y el cumplimiento de los puntos ya señalados para un eventual
escenario de conversaciones con el gobierno de Uribe Vélez.
Una
guerra (civil?) como la actual, a diferencia de la guerra convencional, adquiere un carácter “triangular”, pues
involucra no sólo a dos o más actores, sino también a los civiles. El apoyo de
la población (civil) llega a ser un componente sustancial del conflicto. Y en
la medida en que la guerra se va intensificando en una región u otra, hasta
llegar a convertirse en la “principal actividad de la región”, las opciones que
la gente puede hacer, va desde la
supervivencia individual, los cambios de lealtad, la colaboración con el
actor dominante. Varias experiencias de guerras civiles indican que en la
primera fase de esta, los actores actúan, con extrema crudeza, contra su propia
población por la imposición de la hegemonía a fin de que la población no tenga
otra opción distinta a la de colaborar con el
actor dominante. Es lo que han hecho ejército y paramilitares en Córdoba,
Urabá, Chocó, Magdalena Medio, Cesar, Arauca, Bolívar, Catatumbo... o la
guerrilla en Putumayo, Cauca, Atrato.
El tema
del intercambio humanitario aún con la conmoción interior
En los últimos días ha habido por lo menos cuatro propuestas en esa dirección.
Además de la inicial del ex presidente López, un grupo de 32 ONG llamó a un
'pacto humanitario de liberación simultánea'; una carta de destacados políticos
e intelectuales planteó la necesidad de un 'acuerdo excepcional', sin
condiciones previas, y el senador William Vélez, cercano a Uribe, propuso que,
en el marco de la Ley 418, las FARC liberen a todos los secuestrados y el
Gobierno a los guerrilleros presos, y envíe a estos últimos a un tercer país.
Según la Fundación País Libre, entre enero de 1997 y septiembre pasado,
17.023 personas fueron secuestradas en Colombia. Están en poder de las FARC-EP
23 políticos, entre los cuales se cuentan Íngrid Betancourt, dos ex ministros,
el gobernador de Antioquia, el ex gobernador del Meta, 12 diputados y varios
senadores y representantes. Los 47 oficiales y suboficiales que esa guerrilla
mantiene, entre ellos un coronel de la Policía, son la punta de un iceberg que,
según los militares, puede llegar a los 150 o 200 efectivos, de los cuales las
FARC-EP aceptan tener solo la mitad.
Algunos analistas plantean que hay varios puntos en común en las
propuestas que bien haría el Gobierno en retomar. Los convenios de Ginebra
amparan esos tratos; la Ley 418, vigente hasta diciembre y en proceso de
reformulación, abre la puerta a las facultades legales para hacerlos. El
intercambio sería puntual y excepcional. Ni un supuesto estatus de
beligerancia, ni la ley de canje a la que aspiran las FARC estarían en la mesa.
No debe haber secuestrados de primera y de segunda categoría, y el Gobierno
debe empezar proponiendo el intercambio de todos ellos por un número a convenir
de guerrilleros presos que no hayan cometido crímenes atroces.
A partir de allí, la discusión debería ser sobre mecanismos para realizar
el intercambio, sobre una eventual mediación de la Cruz Roja Internacional o
Naciones Unidas, sobre quiénes y cuántos serían de parte y parte los liberados
(según información oficial habría unos 5.000 miembros de las FARC-EP arrestados
o condenados).
A estas propuestas las FARC-EP respondieron que con
el intercambio, en caso de concretase, deben ser beneficiados absolutamente
todos los guerrilleros presos, así como los militares, policías y demás personas secuestradas. Agregan que los
contactos entre voceros del gobierno y la guerrilla para alcanzar cualquier
acuerdo humanitario deben hacerse en el país, en lugar previamente convenido
por las Partes y que el gobierno debe proporcionar las garantías suficientes a
los voceros guerrilleros para lo cual se requieren zonas desmilitarizadas.
ƒ LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMOCRÁTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
La
sociedad civil no logra todavía la fuerza necesaria para presionar una
estrategia global de negociación política del conflicto, de acuerdos
humanitarios y de concertación del modelo de Estado y de Sociedad que se
pretende construir. Esa debilidad de los procesos organizativos de la sociedad,
se refuerza con una opinión pública muy maleable y, por el momento,
entusiasmada con la propuesta de Uribe de seguridad democrática.
Para
los sectores democráticos de la sociedad civil es importante posicionar el
enfoque societal de la paz, donde la preeminencia es de la sociedad civil y
donde el Estado cumple el papel de facilitador: este enfoque debe desarrollarse
en cuatro escenarios:
-
De construcción de consenso básicos para una política pública, nacional de paz.
-
De planeación del desarrollo con equidad en el corto, mediano y largo plazo.
-
De concertación de políticas para el empoderamiento y la participación de la
sociedad en todos los ámbitos y niveles de la vida del país.
-
De la concertación de la diplomacia y la acción internacional.
La
paz ha de ser, en las actuales circunstancias del país, la gran política
pública articuladora e incluyente que oriente el encuentro y la convergencia
Societal y Estatal en función de construir un nuevo país.
Sin
embargo, la sociedad civil está generando importantes dinámicas y experiencias
en la búsqueda de la paz. Estas se encuentran en las comunidades, los
territorios, laboratorios de paz, surgidos en varios lugares del país, aunque
todavía sean aquellas comunidades y/o sectores sociales con mayor trayectoria
de organización las que han jalonado estas iniciativas, recordemos algunas:
·
Comunidades en Resistencia y Comunidades de Paz (Urabá
Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano) impulsadas principalmente por
afro-colombianos que fueron desplazados por la violencia y que, después de un
largo proceso, negociaron con el Estado su iniciativa de retorno y
reasentamientos a los lugares de origen. Estas poblaciones se declararon en
resistencia bajo la exigencia, a los actores armados, de respeto a su condición
de población civil no combatiente y, al Estado, del cumplimiento de los
acuerdos pactados y de garantía de los derechos humanos, individuales y
colectivos. Estas comunidades han concitado el apoyo y acompañamiento de la
comunidad y cooperación internacional.
·
La Comunidad de Paz de Mogotes (Santander), que
desde hace varios años, inició su proceso de autonomía, al establecer reglas de
juego frente a los actores armados y desarrollar una constituyente popular con
la amplia y comprometida participación de la población.
·
El proceso de Constituyente Municipal de Tarso
(Antioquia) experiencia, reciente, que ha surgido del compromiso de varios
líderes cívicos de la región y del acompañamiento de un grupo de reinsertados
pertenecientes a la Corriente de Renovación Socialista. Este proceso pretende
construir una propuesta ciudadana de convivencia pacífica, articulada al plan
de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial.
·
Las Comunidades Indígenas, a través de sus
organizaciones naturales, en distintas regiones del país (OIA en Antioquia;
CRIC en el Cauca, ACIN en el norte del Cauca, CRIT en el Tolima, Sierra Nevada,
Orewa en el Chocó) han impulsado distintas formas de resistencia, considerada
para ellos (la resistencia) como una opción de vida y de oposición a las
distintas formas e violencia contra sus comunidades y a los modelos de
desarrollo que se pretende implantar en sus territorios. Estas organizaciones
avanzan en el proceso de construcción de una “agenda indígena” que se pueda
articular a las agendas sociales, políticas y humanitarias que otros sectores
sociales están impulsando en el país.
·
Las comunidades afro-colombianas están desarrollando
un proceso que apunta al fortalecimiento organizativo étnico de las comunidades
negras en Colombia, desarrollando una serie de acciones de diagnóstico,
análisis y propuestas en torno a los ejes temáticos que conforman su “agenda
afro”: organización, territorio, identidad cultural, desarrollo económico y
social, participación, vida-resistencia y derechos humanos, problemática
afro-urbana. De manera muy significativa están participando en este proceso las
poblaciones afro-desplazadas, aportando a la construcción de esta agenda desde
su condición de sujetos y actores sociales desplazados por el conflicto social
y armado que se vive en sus territorios.
·
Las organizaciones campesinas, agrupadas en el
Consejo Nacional Campesino y apoyadas por varias ONG de derechos humanos y
organizaciones sociales dieron inicio a comienzos de este año, a un proceso con
miras a posicionar la problemática del campo colombiano y su incidencia en las
posibles soluciones al conflicto y construcción de la paz. En esta perspectiva
han realizado importantes investigaciones
sobre el tema, seminarios y talleres de capacitación y debates, jornadas
de movilización nacional y se tiene previsto terminar el proceso con un
Congreso Nacional Agrario en los primeros meses del próximo año, que posicione
en el debate público y con el Estado, una propuesta de política publica para el
agro colombiano.
·
Las mujeres, convocadas por la Ruta Pacífica de
Mujeres por la Paz y contra la guerra y de la Organización Femenina Popular, y
con la participación de las distintas organizaciones y redes, se movilizaron en
una gran marcha de más de 20 mil mujeres, desde todos los lugares del país
hasta la ciudad de Bogotá, para manifestar su rechazo a la guerra y proponer la
negociación política como salida al actual conflicto. Las organizaciones de
mujeres trabajan en la preparación de una Constituyente de Mujeres por la Paz,
que realizarán el próximo 25 de noviembre en el Capitolio Nacional
·
Distintas organizaciones no gubernamentales que
trabajan por la paz y los derechos humanos vienen, desde hace un par de años,
construyendo un proceso de concertación con miras a fortalecer el movimiento
ciudadano por la paz en Colombia y a incidir en la negociación política del
conflicto armado. En esta perspectiva, estas organizaciones han convocado
importantes encuentros nacionales e internacionales de la sociedad civil por la
paz. En el mes de mayo pasado realizaron uno de estos encuentros en Bogotá, con
el fin de comprometer a los candidatos a la Presidencia, en ese momento, con
una política de paz de Estado y con el mantenimiento de la negociación política
con los actores armados como la única salida real al conflicto antes que
lanzarnos al abismo de la guerra total. En condiciones bastante tensas y
difíciles del país, éstas organizaciones convocaron la tradicional “semana por
la paz” el pasado septiembre, para ampliar los espacios de expresión,
movilización, discusión y elaboración de propuestas para la construcción de la
paz, desde la sociedad civil.
·
En distintas regiones del país, están en marcha
procesos de discusión, movilización y construcción de iniciativas para la
solución política del conflicto, para la participación ciudadana por la paz y
contra la guerra, para la elaboración de planes de desarrollo sostenible, para la
creación de espacios, territorios, experiencias de resistencia civil y de
autonomía. Algunos ejemplos de estas expresiones: la preparación de la “cumbre
social del sur” en el que participan organizaciones sociales, autoridades,
comunidades de los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño y Putumayo; la
iniciativa de la no-violencia, en el departamento de Antioquia, animada
inicialmente por la gobernación y apoyada posteriormente pro amplios sectores
de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y no gubernamentales; el
proceso de coordinación de los alcaldes de los municipios del oriente
antioqueño, que ante la ola de amenazas contra ellos y de violencia contra sus
comunidades están jalonando una propuesta de acuerdos humanitarios especiales y
de territorio de paz en su región.
·
Los familiares de las víctimas de la violencia,
especialmente los familiares de los secuestrados han organizado distintos
eventos nacionales y regionales para denunciar y presionar a las partes en
conflicto la celebración de acuerdos humanitarios que permitan la liberación e
sus familiares. En los primeros días de noviembre realizaron su tercer Congreso
Nacional, en el Capitolio Nacional.
·
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan por
la paz lanzaron, recientemente, una propuesta, a la guerrilla y al gobierno, de
acuerdo especial humanitario que facilite la liberación de los secuestrados y
de guerrilleros presos. Este acuerdo humanitario podría generar un clima
propicio para la discusión de un acuerdo global humanitario y de derechos
humanos, que a su vez acercaría a las Partes a una posible fase de
conversaciones sobre la negociación del conflicto.
·
El próximo año será agitado en el tema social en la
medida en que es un período de negociaciones colectivas y de movilización de los
trabajadores por sus reivindicaciones y derechos.
La
sociedad civil necesita avanzar en un enfoque de inclusión y convergencia en
sus acciones: los diálogos, entre las partes armadas, se asumen como una pieza
importante de la construcción de la paz pero no como el único y absorbente de
la acción institucional y societal encaminada a su logro. El tránsito de una
estrategia simple a una compleja permitirá ubicar la interlocución con el
estado y con los grupos insurgentes en el punto, en el momento y con el peso
adecuado.
En
este sentido, las preguntas que deberían hacerse las organizaciones sociales y
democráticas son: Cómo llenar de contenidos sociales, políticos y culturales a
esas acciones colectivas (esporádicas, reactivas, en un primer momento); cómo
generar consensos sobre plataformas básicas, comunes, sectoriales e irlas
articulando, procesualmente, a plataformas más amplias, nacionales e
internacionales; Cómo fortalecer espacios organizativos nuevos (es decir que no
estén apegados a las formas típicas, aparatistas) que funcionen con agilidad; Cómo generar amplias movilizaciones
sociales, acompañadas de proceso pedagógicos para ganar en cultura política;
Cómo cualificar un núcleo básico, representativo, de líderes, hombres y
mujeres, con capacidad de interlocutar, de consensuar, de negociar y de
incidir.
Algunos
temas urgentes deben ser posicionados por la sociedad civil en la agenda:
La
defensa y protección de los derechos humanos. Consideramos que en
situaciones criticas como la actual es importante que la sociedad se movilice
entorno a la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos y
garantías ciudadanas. Una tarea urgente es hacer un seguimiento y monitoreo
estricto a los efectos para los derechos humanos de las medidas de conmoción.
Hay una gran masa de
población que resultará mucho más afectada de lo que está hasta ahora: los
trabajadores que van a ser afectados por la privatización de empresas, los
funcionarios públicos despedidos por los recortes, jóvenes sin posibilidades de
acceso a la educación, poblaciones desplazadas, mujeres, sectores
afro-colombiano, campesinos e indígenas, etc.
En tal sentido, la
construcción de una agenda social que sea igualmente posicionada y debatida en
el ámbito nacional y con amplia participación de los sectores organizados de la
sociedad constituye un componente fundamental de la distensión del conflicto y
de una política de estado para la paz.
Los
acuerdos humanitarios. Impulsar la propuesta de acuerdo humanitario, que varias
organizaciones sociales han presentado recientemente, puede constituirse en un
elemento articulador y en el escenario para abrir las puertas a futuros
diálogos regionales y acuerdos especiales que protejan los derechos humanos y
los derechos de la población civil, no combatiente, y podría generar un clima
propicio para instalar de nuevo las conversaciones entre el gobierno y la
insurgencia.
„ UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL EXPECTANTE O CEDIENDO TERRENO?
Como
ya ha sido señalado, el futuro en el mediano plazo, del país debe ser
comprendido a luz del contexto internacional y de manera específica en el marco
de la alianza internacional contra el terrorismo y la globalización.
Señales dadas desde algunos gobiernos e instancias
de la Comunidad internacional marcan la tendencia a dar un compás de espera al
gobierno de Uribe, pero sobre todo a una cierta tolerancia con sus políticas
dado el amplio margen de votación obtenida y por ende de legitimidad de sus
propuestas. Incluso hay quienes consideran que será el mejor aliado, como
resulta obvio, para las inversiones, los megaproyectos, la alianza
internacional contra el terrorismo y contra los cultivos de uso ilícito. Pocas
voces han advertido su preocupación por el corte autoritario de su enfoque y
especialmente por su política de seguridad democrática y las consecuencias para
la vigencia de los derechos humanos.
Funcionarios del gobierno han proferido
calificativos a los agentes humanitarios y dela cooperación internacional y ha
tratado de sembrar un manto de duda sobre los verdaderos alcances e intenciones
de dicha cooperación. Se discute una ley de cooperación internacional y se ha
elaborado un documento de política, económica y social, CONPES, para conformar
un Sistema Nacional de Cooperación Internacional y que incorpora a su manera
conceptos como la corresponsabilidad y complementariedad, que la cooperación ha
construido, no exactamente desde los intereses que manifiesta el gobierno. El
mismo documento señala que la cooperación internacional que recibe Colombia “se
otorga muchas veces, con criterios ideológicos frente a los problemas que
quiere resolver con lo cual, se caracteriza por una alta desconfianza ene l
Estado y las instituciones del gobierno”. En el seguimiento y discusión a
esta ley y documento han estado bastante solos los miembros de la cooperación
que están en el terreno.
En
el marco de los decretos de estado de conmoción se dictaron medidas
restrictivas para la acción de los agentes humanitarios, observadores de
derechos humanos y miembros de la cooperación internacional. Delegados de ONG
internacionales, que cumplían labores de observación de las garantías de
derechos humanos, fueron detenidos y algunos deportados durante las
movilizaciones campesinas del 16 de septiembre; en las zonas de rehabilitación
y consolidación los extranjeros deben tener un permiso especial para entrar
además de suministrar información exhaustiva sobre sus actividades; en el
municipio de Yondó (Antioquia), donde de hecho se impusieron limitaciones a una
ONG internacional para el desarrollo de las actividades, sin ser esta una zona
especial de las que determina el decreto 2002. La Fuerza Naval del Caribe,
informó de la retención de 7 extranjeros en la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Bolívar y Sucre.
Se definieron
limitaciones para la prensa extranjera en las "zonas de rehabilitación y
consolidación", al establecerse que solo podrán obtener permiso por parte
del Ministerio del Interior para ingresar a las mismas "aquellos
representantes de los medios de comunicación que se encuentran debidamente
acreditados ante la Oficina de Prensa Internacional de la Presidencia de la
República", teniendo dicho permiso validez tan solo por el "lapso y
para la zona solicitados por el medio", con lo cual se establecen
limitaciones al derecho a informar y ser informado.
Es de conocimiento
público que algunos países continúan en disposición de formar parte del “grupo
de países amigos de un eventual proceso de paz en Colombia” e incluso están
dispuestos a facilitar su territorio para posibles encuentros y diálogos entre
el gobierno y la guerrilla. De igual forma, algunos han mostrado su
complacencia con iniciativas como la del Estado comunitario, la erradicación
frontal de los cultivos de uso ilícito y la lucha contra la insurgencia y los
acuerdos humanitarios para liberar a los secuestrados. Sin embargo, la posición
de esos gobiernos frente al gobierno de Uribe en temas como la debida lucha
contra el paramilitarismo, el papel que deben jugar los organismos de control
en la lucha contra la impunidad y las violaciones masivas de derechos y
garantías debido a los decretos de conmoción interior no ha sido conocida,
hasta ahora, por la opinión pública internacional y nacional.
Antes de su posesión (20
de junio) Uribe tuvo una entrevista con Kofhi Annan para hablar del tema de la
mediación internacional de Naciones Unidas. Si bien es necesario abonarle a
Uribe haber tomado la delantera en este campo, aún rondan muchas preguntas
sobre la precisión del tipo de servicio solicitado a la ONU; el peso que pueda
tener ésta en el rol que vaya a jugar toda vez que su actual bajo perfil y las
imposiciones de Estados Unidos sobre este Foro son inobjetables y lo más
importante aún, si se contará o no con el consentimiento de la guerrilla, por
sus recientes pronunciamientos se podría concluir que las FARC ni comparten ni
les interesa (por ahora) el solicitado servicio.
Mientras tanto, la agenda bilateral con estados
Unidos se fortalece; desde la Embajadora de ese país en Colombia, hasta el
asesor político del departamento de Estado, Chicola y el subsecretario para el
hemisferio occidental, Otto Reich han visitado al nuevo presidente para
expresar su respaldo a las propuestas de gobierno y reafirmar el apoyo de
Estados Unidos y en correspondencia, Uribe ratificó al anterior Embajador
Colombiano en Washington por el excelente manejo de las relaciones.
En la primera cita de
Uribe con Bush, (18 de junio) se solicitó aumentar el apoyo al Plan Colombia y
la ayuda militar en su conjunto, levantando los condicionamientos en materia de
derechos humanos y de orientación en el destino de lucha contra las
drogas.
Los Países Vecinos deben
compartir un mismo esquema de seguridad hemisférica. En tal sentido, Uribe ha
enviado mensajes para sondear la posibilidad de conformar brigadas y
operaciones militares combinadas entre las fuerzas armadas de diferentes países
del área que se orienten a combatir el
terrorismo y a perseguir el crimen organizado. Un refuerzo a esta estrategia
fue la decisión de la OEA de firmar la convención interamericana contra el
terrorismo, por la cual las naciones miembros (de la OEA) se comprometieron a
intensificar su cooperación de información, inteligencia y hacer más estrictos
los controles fronterizos, confiscar fondos y otros bienes de grupos
identificados como terroristas. A diferencia del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, esta convención si fue firmada de inmediato por el secretario de
Estado de Estados Unidos, Colin Powell.
La ONU debe tener en
cuenta, en el marco de los servicios que pueda prestar a un eventual proceso de
negociación, la existencia en Colombia de importantes sectores de la sociedad
civil que han venido trabajando por la solución política negociada y
construcción de la paz y que, también, deben ser tomados en cuenta como
interlocutores, para el diseño y desarrollo de dicho proceso.
El tipo de servicio que la ONU preste en ese
sentido, debe guardar coherencia con el mandato y perfil de la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Como lo hemos visto, las primeras medidas adoptadas
por el gobierno para restablecer el orden público constituyen restricciones de
libertades civiles y derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Comunidad Internacional debe ser muy vigilante
con el Estado colombiano para exigir su compromiso con los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos, amén de las medidas que
deba tomar para restablecer el orden. Por su parte, las ONG deben diseñar
mecanismos de monitoreo, investigación, denuncia de estas situaciones, además
de implementar acciones para demandar la inconstitucionalidad de estas medidas
y decretos; movilizar a la población por la exigencia del respeto a las
garantías individuales y colectivas y desarrollar estrategias de protección de
organizaciones sociales, ONG, líderes y defensores de derechos humanos.
Ante un escenario futuro de demandas de protección y
defensa de derechos y garantías ciudadanas, es necesario fortalecer y ampliar
las redes de protección, apoyar, decididamente, a las ONG, a las nuevas
organizaciones defensoras de derechos humanos que están surgiendo, comités de
derechos humanos sectoriales y regionales e impulsar acciones colectivas y de
movilización para la protección de derechos.
Espacio para la acción
humanitaria
La crisis humanitaria que vive el país requiere una
amplia movilización de la comunidad internacional para: exigir, al gobierno
nacional, que facilite las garantías y condiciones que permitan a los agentes
humanitarios, nacionales e internacionales, prestar la ayuda humanitaria y, a
los grupos armados, exigir el respeto al libre ejercicio de la acción humanitaria
y de atención a las poblaciones en situación de riesgo o afectadas directamente
por el conflicto.
Es necesario el acompañamiento, a través de Misiones
Humanitarias, a las poblaciones que se encuentran en las zonas de conflicto y a
los desplazados. Estas Misiones Humanitarias deben ir más allá de la visita in
situ y su respectivo informe y desarrollar estrategias de seguimiento y
acompañamiento a las poblaciones y demandar respuestas concretas del Estado
colombiano.
Dada la tendencia del conflicto es importante apoyar
y acompañar la iniciativa de diálogos regionales, de carácter humanitario, como
un mecanismo de distensión del conflicto armado y de protección a la población
civil. Esta perspectiva de los diálogos regionales humanitarios podría ser considerada
por la ONU, en el marco de su rol de “buenos oficios” y como pasos previos en el objetivo de recuperar las confianzas
entre los actores, para eventuales conversaciones de carácter nacional. Podrían
conformarse un tipo de Comisiones Mixtas (con delegados internacionales, de ONG
nacionales y del Estado), de alto nivel político para trabajar en experiencias
de diálogos regionales, de carácter humanitario.
Es el momento oportuno para promocionar y concretar
la Carta Humanitaria, impulsada por varias agencias de cooperación
internacional, y en ese marco, desarrollar acuerdos humanitarios específicos a
favor de poblaciones y regiones con mayor nivel de conflictividad, y por la
libertad de las personas retenidas y secuestradas por la guerrilla.
Es importante que la comunidad internacional realice
un debate y pronunciamiento frente a los controles que la ley de cooperación y
el documento CONPES para la cooperación internacional plantean, ya que además
del control sobre los recursos y las agencias, se tiende a generar una
estigmatización de aquellos modelos de cooperación que no compaginan con las
concepciones del gobierno y a la priorización de un modelo de cooperación
bilateral que compromete la autonomía y actitud crítica que la cooperación debe
guardar como principio, frente al gobierno presente y los futuros.
Acompañamiento a las
iniciativas de resistencia civil y a los procesos organizativos locales
Las posibilidades de mantener un nivel básico de
tejido social, ante la avalancha des-estructurante de la sociedad, pasa por la
urgencia de implementar mecanismos de fortalecimiento y protección de las
experiencias de resistencia civil y de organización social, de los distintos
sectores populares y de los territorios.
Estas iniciativas deben acompañarse, además de
estrategias de protección colectiva, de programas de seguridad alimentaria,
capacitación en derechos humanos y DIH, fortalecimiento organizativo y
capacidad de negociación e interlocución.