Continúa el genocidio de la oposición política en Colombia
Ponencia de REINICIAR al Foro Derechos Humanos Bogotá
Compañeras y compañeros
asistentes de Bogotá y Cundinamarca al Foro por los Derechos Humanos, las
Libertades Democráticas y la Solución Política del Conflicto, preparatorio
del gran foro nacional. Reciban un cordial saludo de la Corporación para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos REINICIAR.
En las actuales circunstancias es de la mayor importancia la realización de
este evento que debe convertirse en una tribuna de denuncia nacional e
internacional de la serie de violaciones de derechos humanos a que viene siendo
sometido el movimiento social y en general la población civil colombiana como
consecuencia de la política de seguridad democrática implementada por el
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Violaciones que se expresan en homicidios, tentativas de homicidio,
desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, torturas, detenciones
arbitrarias, allanamientos, desplazamiento forzado, impunidad y macartizaciones
en los medios de comunicación.
REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) pidieron en 1993 a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declarara la
responsabilidad del Estado Colombiano en el genocidio contra la Unión Patriótica
(UP) por la participación directa de agentes estatales en los hechos y por, al
menos, haber tolerado que se produjeran. Desde entonces seguimos impulsando el
caso sobre la UP ante la CIDH y presentamos informes semestrales en los que se
demuestra que el proceso de exterminio aún continúa.
Por esa razón, nuestra ponencia se va a centrar en la persecución de que están
siendo víctimas los simpatizantes, sobrevivientes y miembros de la Unión Patriótica,
Partido Comunista Colombiano (PCC), Juventud Comunista (JUCO) y otras
organizaciones, como la Central Nacional Provivienda CENAPROV, en cuya formación
participaron activamente militantes comunistas.
Persecución contra la
oposición política
La actual campaña de macartización contra la oposición política al
establecimiento revive hechos dramáticos del pasado. El argumento más
utilizado para asesinar y desaparecer a miles de militantes de la UP fue que
este amplio movimiento político en el que convergieron distintas tendencias
surgió de una propuesta de las FARC. Ahora los responsables de la seguridad del
Estado no tienen más sospechosos de los actos violentos realizados por la
guerrilla que a los dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP y el PCC; a
cada acción de las FARC le sucede una acción represiva del Estado contra estas
organizaciones y esto se está comprobando casi a diario en Bogotá y
Cundinamarca.
Aquí se implementa la represión como en el resto del país, pero
adicionalmente la capital es receptora de gran parte de los desplazados por la
violencia los cuales buscan refugio en los barrios marginados socialmente o en
la periferia. En estos barrios de Bogotá y de los municipios próximos, muchos
de ellos fundados por el PCC, es donde se vive con mayor intensidad la vulneración
de los derechos fundamentales: desde la imposibilidad de acceder a condiciones
de vida dignas hasta los señalamientos, persecuciones, allanamientos y
detenciones arbitrarias de que son objeto gran parte de sus habitantes por el sólo
hecho de su condición de desplazados y que en muchos casos culminan con su
desaparición física.
En efecto, en Bogotá y Cundinamarca los organismos de seguridad estatales hacen
un señalamiento expreso al denominar como "zonas rojas" aquellos
sectores en que tradicionalmente la izquierda colombiana ha tenido influencia o
predominio electoral; así, en barrios fundados por la Central Nacional
Provivienda como el Policarpa Salavarrieta y Nuevo Chile, en Bogotá; Julio Rincón,
Porvenir y Ciudad Latina, en Soacha, y el Pablo Neruda, en Sibaté, sus
pobladores son víctimas de continuos hostigamientos que habitualmente acaban en
grandes operativos militares y policiales con presencia de la Fiscalía General
de la Nación; estas acciones se amparan en el presunto objetivo de perseguir a
la subversión, pero su verdadera finalidad es intimidar y desvertebrar el
movimiento social democrático y político.
Pero además, en estas acciones aparentemente legales no han faltado los abusos
e incluso las torturas. Un caso paradigmático de la estigmatización contra los
comunistas es el que sufrió Mercedes Corredor, militante de UP-PCC y líder de
CENAPROV, y su familia el pasado 10 de diciembre de 2002. En la madrugada de ese
día un centenar de agentes de la SIJIN allanaron su vivienda y durante dos
horas estuvieron golpeándoles e insultándoles a ella, a sus dos hijos y a su
yerno. Esta acción tuvo una clara motivación política ya que mientras los
maltrataban les llamaban "subversivos hijueputas" y gritaban
expresiones como: "Hijueputas comunistas, vamos a acabar con el comunismo".
A las dos horas de iniciadas las torturas, llegó la policía uniformada y la
Fiscalía para tratar de revestir de legalidad un operativo no sólo ilegal sino
también brutal.
Paralelamente, se avanza en el proceso de paramilitarización de la ciudad de
Bogotá y de todo el departamento de Cundinamarca en el que también está
implicada por acción u omisión la Fuerza Pública. Inicialmente los sicarios
llevaron a cabo la mal llamada "limpieza social" en sectores como
Ciudad Bolívar y en los barrios de la capital mencionados anteriormente, en
municipios como Soacha y Sibaté y en las regiones de Sumapaz y Tequendama; en
la actualidad han declarado objetivo de sus acciones criminales a los dirigentes
comunales, cívicos o sociales de los barrios y a los miembros de UP-PCC, a
quienes sindican de ser colaboradores, auxiliares o militantes de las FARC.
Especial mención merece, por la gravedad de los hechos, el caso del municipio
de Soacha. REINICIAR y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos solicitaron el pasado 17 de marzo al Defensor Nacional del Pueblo la
puesta en marcha del Sistema de Alertas Tempranas para garantizar la vida de la
población civil de esta localidad ya que, según las informaciones
proporcionadas por la propia comunidad, en los dos últimos años los
paramilitares de las AUC han asesinado a alrededor de 60 vecinos ante la
pasividad de las autoridades civiles y de la Fuerza Pública que mantiene una
fuerte presencia en la zona. Según los habitantes del municipio, algunas de las
víctimas eran delincuentes comunes y el resto dirigentes comunales y militantes
de la UP-PCC; la no investigación de estos hechos por parte de los organismos
de control del Estado ha permitido que se incrementen las agresiones y las
amenazas de muerte contra numerosos líderes sociales y contra simpatizantes y
miembros de formaciones políticas de izquierda, especialmente en los barrios
Julio Rincón, Cazucá, Porvenir, Divino Niño y San Mateo.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce que haya habido alguna respuesta positiva
a la Alerta Temprana y los crímenes se siguen sucediendo. En la noche del
domingo, 30 de marzo, los paramilitares mataron a Javier Vásquez, trabajador de
la Junta de Acción Comunal, mientras bombeaba el agua para los habitantes del
barrio Divino Niño; en este sector han aparecido pancartas alusivas a las AUC e
individuos amados merodean a plena luz del día: los vecinos cuentan que cuando
avisan a la policía, los agentes se limitan a someter a los presuntos
paramilitares a una requisa superficial y los dejan seguir. Además estos grupos
armados exigen cuotas de mantenimiento a los pobladores. La respuesta que han
dado las autoridades civiles y la Fuerza Pública ha sido proponer la creación
de "frentes de seguridad" que deberían estar liderados por los
amenazados; esta actitud no sólo supone una evidente negligencia del Estado,
que descarga su deber de protección de la población en los propios ciudadanos,
sino que además es una provocación ya que pretende involucrar en esos "frentes"
a personas que pertenecen a organizaciones que han manifestado su oposición a
la política de seguridad democrática del Gobierno.
Uno de los últimos casos de persecución contra una población donde hay fuerte
presencia de la UP y el PCC se produjo el sábado, 29 de marzo. Ese día los
paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare desplegaron un
operativo en los alrededores de la vereda Puerto Brasil (municipio de Viotá,
Cundinamarca) en el que, además de establecer un retén ilegal y amenazar a la
población, distribuyeron un panfleto en el que anuncian su llegada a la región
para acabar con los comunistas, a quienes "invitan" a marcharse, ya
que van a iniciar una "cruzada patriótica" que les llevará "hasta
la victoria final". A pesar de que Reiniciar hizo una Alerta Temprana al
Ministerio del Interior en cuanto tuvo conocimiento de los hechos y de que la
base militar de Viotá está a sólo 5 kilómetros de donde actuaban
abiertamente los paramilitares, la Fuerza Pública no intervino y esa misma
tarde más de 400 personas se tuvieron que marchar a la cabecera municipal
huyendo de los paramilitares; en los siguientes días se han desplazado de las
veredas a Viotá más de 3.000 personas. Durante el mes de marzo se ha tenido
conocimiento de que en este municipio asesinaron a dos personas (Antolín
Viracachá y Edgar Rubio) y otras cinco fueron desaparecidas (José Ananías
Mora, Noelia García, Arturo Pedreros, Luis Alejandro Izquierdo y Ferney Céspedes).
Y todo esto está ocurriendo en medio de un operativo militar denominado Operación
Candado en el que participan los Batallones Colombia y Sumapaz y que se está
desarrollando en Viotá y otros municipios circundantes a Bogotá; la
consecuencia de este depliegue militar ha sido un incremento notable de los
asesinatos, desapariciones, desplazamientos y torturas de la población civil
residente en la región.
Con anterioridad a estos hechos, los militares ya mostraron una actitud agresiva
contra los comunistas de la zona el 14 de diciembre del pasado año. Ese día el
PCC celebraba una reunión en Viotá y varios helicópteros comenzaron a
sobrevolar el lugar e incluso fue desembarcada parte de la tropa. REINICIAR
alertó a las autoridades sobre lo que estaba pasando y el operativo fue
finalmente suspendido
En todo el Sumapaz la situación se degrada día a día por las acciones bélicas
del Ejército y por la estigmaitización que los propios militares hacen de la
población civil; al mismo tiempo, los paramilitares campan a sus anchas. Así,
en las veredas del municipio de Silvana efectúan retenes y secuestros sin que
actúe la Fuerza Pública lo que ha provocado que numerosas familias huyan al
casco urbano donde el Ejército les presiona para que regresen aunque no se den
garantías de seguridad.
La consecuencia de esta política supuestamente contrainsurgente implementada
por la Fuerza Pública y los paramilitares de las AUC es el desplazamiento
continuo de la población. Cuando el cerco se cierra sobre los municipios,
muchos habitantes se trasladan a Bogotá; en la capital van cambiando de barrio
al recibir nuevas amenazas hasta que la situación se vuelve insostenible y
tienen que abandonar el departamento.
Esta situación de persecución sistemática a la UP, PCC, JUCO y organizaciones
en las que colaboran militantes comunistas se refleja en los informes que
REINICIAR presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del
caso 11.227 seguido en contra del Estado Colombiano por el genocidio contra la
UP-PCC.
Entre mayo de 2002 y febrero de 2003 hubo 26 homicidios, dos intentos de
homicidio, 13 desapariciones forzadas y más de un centenar de desplazamientos
de miembros de estas organizaciones políticas; además, en dos ocasiones
durante el pasado mes de enero los paramilitares intentaron asesinar a todos los
miembros de la familia Loaiza Tique en Coyaima (Tolima) disparando y lanzando
granadas contra su vivienda. REINICIAR también documentó en el mismo periodo
36 casos de amenazas, hostigamientos y torturas contra los sobrevivientes de la
UP-PCC y 17 allanamientos y detenciones arbitrarias contra los militantes, sus
viviendas y las sedes políticas.
A esto se suman los montajes judiciales de que han sido víctimas varios
dirigentes. El 6 de diciembre fueron detenidos en Bucaramanga Julio Avella y Álvaro
Tapias, directivos de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) y
destacados miembros de la UP y el PCC. A Álvaro lo liberaron esta semana, pero
a Julio lo mantienen encarcelado en base a los falsos testimonios de supuestos
reinsertados. Teresa Báez, presidenta de Sintraclínicas e integrante del PCC
en Bucaramanga, también fue detenida y mostrada en los medios de comunicación
como integrante del ELN; al poco tiempo fue puesta en libertad. Estos casos son
claros ejemplos de persecución política y en los tres se da la circunstancia
de que fueron amenazados previamente por los paramilitares; cuando comprobaron
que esta vía ilegal para neutralizar su actuación no tuvo efecto (los tres se
quedaron en Bucaramanga) se recurrió a los métodos presuntamente legales.
Las cifras hablan por si solas y de estas violaciones a los derechos humanos no
se han librado los más altos dirigentes de la UP y del PCC.
Es así como Carlos Lozano Guillén, subsecretario general del PCC, miembro de
la UP, director del semanario VOZ e integrante de la ex Comisión de Notables
que constituyó Pastrana para negociar con las FARC ha sido objeto de constantes
intimidaciones por parte de la Fuerza Pública y de numerosas amenazas; la última
ocurrió el 21 de febrero de 2003, cuando llegó por fax a la redacción de Voz
una amenaza contra todos los comunistas en la que se menciona expresamente a
Lozano. El autor, simulando que el panfleto procedía del diario El Tiempo,
insulta a Lozano y lo vincula con las FARC, al tiempo que tacha de "terroristas"
a los militantes del PCC y advierte que: "Esperen todos el día D + tres
..."; la amenaza está firmada por el "presidente" de los "comandos
urbanos unidos para la defensa de la democracia". Además, estas agresiones
han afectado a personas cercanas al dirigente comunista; así, su hermana fue
amenazada y tuvo que salir del país y la Fuerza Pública ha hostigado a los
escoltas de Lozano y ha allanado la vivienda de uno de ellos.
Las amenazas y provocaciones contra Jaime Caicedo Turriago, Secretario General
del PCC, también han sido reiteradas; la más grave de ellas fue realizada por
las AUC que en su página Web atribuyeron a las FARC el editorial que el líder
comunista publicó en diciembre en VOZ con el título El estatus político al
paramilitarismo.
Asimismo, a la familia de Jorge Gómez, Secretario Nacional de Organización del
PCC, le dieron un susto de muerte el 9 de diciembre de 2002 cuando medio
centenar de policías intentaron allanar sin orden judicial su vivienda en el
municipio de Soacha; los agentes desplegaron un fuerte operativo en los
alrededores y se encaramaron en el techo de la casa sin identificarse. En medio
del terror que esta acción provocó, la resistencia a permitirles entrar por
parte de los ocupantes de la casa y la alerta que efectuó REINICIAR al conocer
lo que estaba ocurriendo obligaron a los policías a retirarse.
Todo lo expuesto demuestra que persiste el genocidio contra la UP, cuyos
sobrevivientes siguen siendo objeto de una persecución abierta y constante por
parte de agentes estatales y paraestatales, y por eso convocamos a la
solidaridad de clase para exigir que la oposición pueda ejercer libremente sus
derechos políticos.
Gracias a todos por su atención. Bogotá, 5 de abril de 2003