Eduardo Galeano describe a Colombia como un país en el que ríos de oro se encuentran y se mezclan con ríos de sangre. La historia de uno de los países más ricos y hermosos de América Latina es también la historia de un país que registra los índices de violencia política más altos de todo el continente. Colombia está dividida en dos historias que, a pesar de entrecruzarse de vez en cuando, poco o nunca se reconocen.

La primera historia, la oficial, es la historia reproducida y promovida por las clases dominantes, por las élites tradicionales, por los de arriba que, con la ayuda de los medios de comunicación (que son de su propiedad), claman contra la violencia, exigen la paz (esa pax romana que no es más que la defensa del status quo), el fin de la delincuencia, de aquel “terrorismo” que amenaza su derecho histórico a monopolizar la riqueza del país.

Para los de abajo, la democracia se reduce a dos alternativas: morir por la bala o morir por el hambre. La guerra siempre ha estado con ellos pues para los de abajo, la guerra es el estatus quo. Una guerra de la clase oligárquica diseñada para despojar al pueblo de su tierra, de sus recursos, de su cultura, de sus sueños.

Pero la historia invisible es también una historia de resistencias. Desde los distintos espacios y rincones de la Colombia popular se libran importantes luchas por la autonomía indígena y negra, por condiciones dignas de trabajo, contra la privatización de los bienes públicos, por el derecho a una vida digna en el campo, en contra las grandes multinacionales -como la Coca Cola y la Drummond (minería)-, por el derecho de organizarse políticamente y por el derecho a rebelarse contra un sistema que les niega toda posibilidad de vivir con dignidad.

La de abajo es una larga y digna historia de resistencia, donde confluyen las muchas formas de lucha social, democrática y popular; es la historia de un pueblo que, a pesar del inmenso costo humano, social y político que ha implicado luchar por la paz con justicia social en Colombia, no ha claudicado un solo instante en su construcción de múltiples proyectos populares de vida y esperanza.

Con la ayuda de los medios de comunicación, las élites ocultan la realidad reproduciendo la nueva mentira de la derecha global que postula que los pueblos pobres, cuando se rebelan contra su condición de marginados, son terroristas. Ante sus historias y sus resistencias legítimas, el imperio hace lo posible para imponer la cultura del silencio y la estrategia de invisibilización de las luchas populares.

La situación del pueblo colombiano le exige al mundo renovar aquel espíritu internacionalista que en el pasado acompañó a las luchas por la transformación social del mundo. Para Colombia, se requiere un internacionalismo que busque, como un punto de partida imprescindible, romper el cerco de invisibilidad que condena al pueblo colombiano al olvido. Como una respuesta a este gran reto y a la difícil coyuntura, se anuncia en México el "Ciclo Colombia".

Con el fin de dar a conocer las muchas formas de resistencia y las propuestas populares de vida y esperanza, es decir, con la intención de hacer visible la Colombia invisible, se ha organizado el Ciclo Colombia. El Ciclo Colombia está comprendido por una serie de charlas y videos de las distintas luchas populares del país y de la guerra sucia que el para-Estado colombiano esgrime contra su pueblo.

Se estima que hasta el 25% de población colombiana - con una población total de 40 millones - está compuesta por afrodescendientes, quienes han luchado desde hace mas de 10 años por la conformación de territorios autónomos y el fortalecimiento de sus gobiernos y cultura propios. La construcción de la autonomía es la más reciente expresión de lo que ha sido una larga historia de emancipación, resistencia y rebeldía de los Afrocolombianos. El proyecto de vida afrocolombiano ha representado un obstáculo al despliegue del capital nacional e internacional en las ricas selvas del Pacífico colombiano, desencadenando una oleada de masacres y violencias con el fin de desplazarlos. Ante la guerra y el desplazamiento, la población afrocolombiana ha decidido resistir en sus territorios ancestrales y reafirmar su proyecto de vida y esperanza.

Los sindicatos se han constituido en el sector popular más golpeado por el terrorismo de estado en Colombia, registrando más del 70% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo. Los acuerdos entre el gobierno colombiano y el FMI han priorizado la privatización de los servicios públicos en todo el país. En diciembre de 2001, el combativo sindicato de empleados públicos de la empresa EMCALI de ciudad de Cali (Valle del Cauca), SINTRAEMCALI, mediante una lucha que articuló a trabajadores, pobladores de las comunas populares y estudiantes, logró frenar los planes de privatización, obligando al gobierno colombiano a ceder ante todas sus demandas. Como el triunfo de SINTRAMECALI le demostró al capital transnacional y la oligarquía colombiana que un pueblo organizado y convencido era capaz de frenar sus planes, éstos intensificaron su guerra sucia y campaña de crimilización de la protesta social en contra de los trabajadores de Cali y sus dirigentes.

Ante la continua persecución a los dirigentes sindicales y sociales de Cali y nuevos planes por parte del gobierno colombiano para liquidar la empresa pública, SINTRAEMCALI ha programado la Semana de Solidaridad por la Defensa de Emcali y Contra la Impunidad (marzo 8-14). La presentación del evento en la sede del FZLN se ha programado para coincidir con la culminación de esta semana de solidaridad.

Los trabajadores de las embotelladoras de la Coca Cola en Colombia han reunido pruebas que demuestran como esta empresa multinacional ha contratado paramilitares para eliminar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL. Ante la impunidad total en Colombia y una ausencia absoluta de voluntad por parte de la justicia colombiana para tratar casos de violencia política en contra de luchadores sociales, SINALTRAINAL buscó hacer justicia por otras vías. Lanzó una demanda en EE.UU. contra la Coca Cola junto con una serie de Audiencias Públicas Populares que fueron realizados a nivel internacional donde se hizo un juicio popular a la multinacional.

En el nororiente colombiano (sur de Bolívar) se encuentra una de las minas de oro más grandes de América Latina y es también un territorio habitado por campesinos pobres que sobreviven del oro que extraen de manera artesanal. El gobierno colombiano, junto con las multinacionales mineras y las fuerzas paramilitares han librado una sangrienta guerra sucia en contra de los pobladores con el objetivo de desplazarlos permanentemente de la zona. No obstante los más de 500 asesinatos y las incontables amenazas, los campesinos del Sur de Bolívar con la ayuda del combativo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera de Colombia, SINTRAMINERCOL, han conformado un largo y valiente proceso de resistencia.

Desde mucho antes de ser declarada la Guerra Fría en América Latina, las fuerzas de las élites y la clase política colombiana han recurrido a la violencia y a la guerra como la estrategia para consolidar un proceso de apropiación de las riquezas del país. Durante la Guerra Fría - y después de ella - este proceso sólo se agudizó. Ahora, los atentados del 11 de septiembre del 2001 estan siendo utilizados por el gobierno actual de Álvaro Uribe Vélez -un gobierno con claras tendencias fascistas- como pretexto para extender, mediante su programa de "seguridad democrática", el aparato represivo en contra de los movimientos sociales.

Los modelos de negociación de paz utilizados en el pasado en Colombia no han servido por dos razones principales: 1) lo que se buscó por parte del gobierno y la clase dirigente fue desmovilizar a la insurgencia y parar el conflicto, algo muy diferente a construir la paz mediante cambios sociales de fondo; 2) la tendencia de las fuerzas beligerantes a negociar la paz entre sí, excluyendo la activa participación de la sociedad civil.

Un intento de romper con este esquema es la propuesta de la Convención Nacional lanzada en 1998, basada en el principio de que la paz se construye y no se negocia. En ésta se contempla la participación decisoria de la sociedad civil colombiana en la definición, tanto de la agenda de negociación, como de los contenidos de los temas a discutir, que van desde el control y manejo de los recursos naturales hasta las condiciones necesarias para la construcción de una democracia participativa.

Con la Convención Nacional, guerrilla, sociedad civil y gobierno participarían en igualdad de condiciones. El resultado final sería un Acuerdo Nacional que se ratificaría mediante una Asamblea Constituyente Nacional. A pesar de que la clase política colombiana y las élites nacionales han hecho todo lo posible para evitar este proceso, la Convención Nacional sigue siendo una importante apuesta para una Colombia de paz con justicia social.